Gobierno señala que “no hará uso de su derecho al silencio”
La presidente Dina Boluarte fue citada por el Ministerio Público para que responda por las muertes registradas durante las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Se informó que esto forma parte de las investigaciones que se le siguen a la mandataria por el presunto delito de genocidio.
La citación fue inicialmente programada para el miércoles 31 de mayo, a partir de las 09:00 a.m., en la sede central de la Fiscalía de la Nación, ubicada en la avenida Abancay.
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Sin embargo, Boluarte solicitó que sea reprogramada para 1 de junio. Ello debido al simulacro nacional multipeligro, que se desarrollará el 31 de mayo, y será «dirigido por la Presidencia de la República y en el cual deben participar todas las autoridades y la población a nivel nacional».
Previamente, el abogado de la dignataria, Joseph Campos, había confirmado la asistencia de su defendida.
“Expresamos nuestra vocación de colaboración para cerrar este capítulo que no tiene sentido. No es responsable mantener a la presidenta en una investigación jurídica respecto a esta responsabilidad”, precisó.
“Estamos insistiendo en definir este asunto, porque políticamente sí hay un costo adentro y fuera del país, a estos señores que utilizan su condición presidencial para establecer que en el Perú no hay una democracia o hay un gobierno genocida”, añadió Campos.
Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, aseguró que Boluarte no se quedará callada cuando le toque acudir a la Fiscalía para declarar por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
“Ella no va a hacer uso de ningún derecho al silencio, ella va a decir lo que tenga que decir en un tema que es además absolutamente claro para ella, los ministros y para los millones de peruanos”, señaló Otárola en conferencia de prensa.
Celeridad
El abogado de Boluarte, Joseph Campos resaltó que el Ejecutivo pide celeridad en las investigaciones. Señaló que indagaciones tiene un alto costo político para Boluarte a nivel nacional e internacional.
