Congreso aprobó por insistencia proyecto observado por Ejecutivo
El Congreso de la República dispuso la moficación de la ley que regula las funciones, capacitación y equipamento que usan los efectivos de serenazgo municipal. A pesar de los cuestionamientos señalados por el gobierno de Dina Boluarte, 110 votos lograron que se permita el uso de armas no letales por parte de aquellos destinados a mantener el orden en los distritos en los que laboran y patrullan.
Entre los artículos modificados se encuentra el que se refiere a los centros de capacitación de serenos municipales. Además de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas estarán a cargo de este proceso “previo convenio institucional”. El Comando Militar será el encargado de disponer la formación de los efectivos ya sea se encuentren en la capital u otras regiones del país.
Lee también:
“Microempresas están en el peor momento de las últimas décadas”
A las funciones de los centros de capacitación de serenos se agregó la capacitación de estos para el uso de armas no letales autorizadas. Esto a pesar de que el Poder Ejecutivo citó una sentencia del Tribunal Constitucional para señalar que el “mantenimiento de la tranquilidad, quietud y paz pública, así como el respeto hacia la legítima autoridad pública” es una función expresa de la Policía Nacional del Perú.
La ley aprobada por insistencia señala que los serenos municipales podrán utilizar bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones; “teniendo como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana, respetando los derechos fundamentales de las personas”.
El texto en cuestión es aprobado pocos meses después de que el Perú atravesara una crisis política en la que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, presuntamente capacitadas para el uso de armas no letales, le habrían quitado la vida a decenas de ciudadanos que manifestaban en las calles. Organizaciones internacionales han denunciado presuntas violaciones de derechos humanos.
