Por Francisco Diez-Canseco Távara
El dilema en el que se encuentra hoy la justicia en el Perú se deriva, a no dudarlo, de largas décadas de corrupción sistémica y de absoluta impunidad manejada a un ritmo de saqueo de las arcas fiscales que se calcula está en el orden de los 15 mil millones de soles anuales, fuera de la coima brava que aceita diestramente a los corruptos en instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial. Todo lo cual continúa.
Esa realidad no debemos perderla jamás de vista cuando apreciamos la cuestionable actuación del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, a todas luces blindado en el Congreso por el aprofujimorismo y percibimos, en el otro extremo, que piezas claves del proceso de investigación de Lava Jato como el acuerdo con Odebrecht deben ser enmendadas y manejadas con otros criterios a riesgo de dejar en la impunidad a ciertos elementos inmorales de nuestra subclase política, además de darle beneficios inaceptables al cártel brasileño en lo que se refiere a la reparación civil y a la ilegal posibilidad de que pueda seguir contratando con el Estado peruano.
La rebelión de los fiscales Pérez y Vela que, hasta el momento han actuado con independencia de criterio y enfrentando a los intocables, tiene sus pros y contras: por un lado, quebranta el orden jerárquico del Ministerio Público pero, por el otro, Chávarry no es fiable en absolutos dadas sus conexiones con los acusados y sus propios antecedentes.
Lo que es también inaceptable es que, como consecuencia de esta gravísima situación, se genere en Palacio de Gobierno un proyecto de ley inconstitucional para reestructurar provisionalmente el Ministerio Público y que los sectores caviares aliados del Presidente Vizcarra y de los fiscales del equipo de Lava Jato pretendan usar la coyuntura para llevar agua a sus molinos y apoderarse de esa institución.
Frente a esta lucha de facciones, se requiere, como nunca antes, la creación del Consejo Nacional de Moral Pública, propuesta de Perú Nación destinada a limpiar de corruptos dichas entidades del Estado ya que, internamente, no pueden hacerlo.
Son muchas las situaciones dilemáticas.
Por ello, exigimos justicia sin trastienda.
