Parlamentarios no pueden extralimitar sus facultades, explica
Por: Pablo Carranza
El gerente general de la consultora Imasolu Enzo Elguera se sumó a la ola de críticas que ha despertado un reciente proyecto de ley presentado por el congresista de Bloque Magisterial, Óscar Zea que plantea que el Parlamento tenga facultades de vacar a alcaldes distritales y provinciales, tal y como lo hace con la presidencia de la República, algo que, según el especialista, pone en riesgo.
En declaraciones al Auditor Municipal, explicó que es innecesario hacer una doble legislación o un doble control, porque estos mecanismos ya existen en la normativa actual.
Quisiera que nos comente sobre este proyecto de ley que establece que el Congreso pueda vacar a alcaldes distritales y provinciales, ¿Cuál es su posición?
Bueno, estoy en contra de esta medida porque el Parlamento ya tiene atribuciones de control político al poder llamar en cualquier momento sopena de vacancia. Incluso, porque esa es una de las causales de vacancia a cualquier autoridad, no solamente nacional, sino también subnacional. En este caso, en los gobiernos locales, tanto gobernadores como alcaldes municipales, provinciales o distritales, incluso, los puede mandar a llamar ante cualquier indicio que ellos consideren o cualquier cuestionamiento político. Entonces, el alcalde ya tiene que ir y dar descargos, explicaciones. Ahora, esta ya es una forma de control político, pero hay otra forma de control político que tienen la propia institución a través del Jurado Nacional de Elecciones y la formulación de la vacancia que se da al interior de sus consejos regionales o provinciales o distritales, que es el ente que corresponde y que hace las veces del control político del Congreso de la República. Entonces, en ese contexto, al ya haber mecanismos, tanto como la vacancia como además la consulta popular, en donde tú puedes también plantear la revocatoria, que es un sistema de iniciativa ciudadana, donde solo con la junta de firmas puedes plantearla entre el segundo y tercer año de gestión. Entonces, establecer mayor control por parte del Parlamento ya termina siendo descabellado o absurdo.
¿Cuál sería la necesidad de los parlamentarios de impulsar una norma de esa naturaleza?
Parece que el Parlamento quisiera tener un control y un poder político, no solamente a la Presidencia, sino también a los gobiernos subnacionales, o incluso podría prestarse para ser una partida del partido político que quedó en segundo lugar con el afán de sabotearlos, de boicotearlos o de desprestigiarlos, cuando ellos ya tienen sus propios controles locales. En ese contexto, es innecesario hacer una doble legislación, un doble control, porque estos mecanismos ya existen. De hecho, los argumentos con los que se esgrima la ley o el proyecto de ley también son falsos, porque mencionan que el alcalde o el gobernador regional tiene la mayoría partidista de su consejo y que no tendrían ningún tipo de oposición, lo cual es totalmente falso. De hecho, te puedo decir en estos momentos que la gran mayoría de gobernadores regionales tienen problemas en sus Consejos regionales, digamos por el consejero o por el vicepresidente, en el caso de los gobiernos regionales o por el primer regidor, en caso de los alcaldes, en donde muchos de ellos quieren ser autoridad y lo primero que hacen es enfilar contra la autoridad que está gobernando.
Otro argumento que se esgrime es que esta norma permitiría fiscalizar a los gobiernos subnacionales, ¿Qué opina?
Es mentira que los gobernadores y alcaldes tengan control y dominio sobre sus consejos locales, porque de hecho tienen los consejeros, tanto regionales como para las alcaldías, la atribución de formular leyes, pero también de ejercer el control dentro de sus instituciones y además poder supervisar aquello que están haciendo las autoridades de turno como función.
¿Qué efectos secundarios se podrían dar si se aprobara esta norma?
Sabotear a las autoridades locales y el Parlamento tener el poder, uno, de negociación política con las autoridades locales o con los enemigos de las autoridades locales, o incluso, velar más por los intereses partidarios, porque estos muchas veces están a proyectarse en ganar a la siguiente elección. Entonces, obviamente se carecería de objetividad en la investigación. Y en segundo lugar, justamente el parlamentario que está enfilando este proyecto de ley, que es un ex ministro de Agricultura, ya ha demostrado ser juez y parte en las normas que desde su cartera, en su momento bajo el gobierno del expresidente Castillo, promovió, porque lejos de escuchar a todas las partes en cuestión que es lo que le corresponde hacer a un miembro del Poder Ejecutivo,solo escuchaba a las partes agrarias afines a él y no al todo el contexto del mercado. Entonces, este tipo de antecedentes ya dibujan por completo que definitivamente detrás de cada norma, detrás de cada proyecto de ley, hay un lobby que.
