En la sesión de este martes 31 de octubre, la Comisión de Constitución aprobó con 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones la propuesta de ley que plantea crear una “Comisión de Alto Nivel” que revise una serie de propuestas que plantean la reforma del Sistema Internacional de Derechos Humanos, propuesta que fue basada en proyectos de ley que piden el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La opinión técnica que se discutió en el referido grupo de trabajo, agrupa un total de cinco proyectos de ley presentados por varios congresistas que piden que el Perú denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los proyectos de ley son los 2014/2021-CR, 3494/2022-CR, 5216/2022-CR, 5303/2022-CR y 5582/2022-CR.
Aprovechando la existencia de estas cinco propuestas legislativas, han llevado a que se resuelva la formulación de un proyecto de Ley que “Crea la Comisión de Alto Nivel para la elaboración de propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, propuesta que fue debatida y aprobada.
Según el proyecto, el objetivo de que se cree esta Comisión de Alto Nivel, es que “se ponga en evidencia la situación problemática actual del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y proponen distintas soluciones a esta”. Esta propuesta estará integrada por el Canciller, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
En el documento mismo se precisa que “mediante los proyectos de ley 3494/2022-CR y 5216/2022-CR, proponen la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), con la finalidad de preservar la soberanía nacional, en especial en cuanto a la administración de justicia y penal”.
En ese mismo sentido, se conciben las precisiones en las que “el proyecto de ley 5582/2022-CR que propone declarar de interés nacional la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como una alternativa supuestamente más viable; puesto que, en apariencia, no colisiona con las facultades constitucionales previstas para el Poder Ejecutivo y para el Poder Ejecutivo”.
