La Constitución Política actual –y desde la Carta de 1828— faculta al Congreso para destituir al Jefe de Estado y, por supuesto, a otros altos funcionarios, tales como: Congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, a miembros de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, a vocales de la Corte Suprema, a fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General, pero atención: por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas (cfr. art. 99 y 100).
Muy bien, pero tendrán que hacerlo por la vía de la acusación constitucional y, sobre todo, respetando el debido proceso en sede parlamentaria. No se trata de una simpe decisión política o de número de votos. En nuestra historia hemos tenido dos casos mucho más importantes; en el siglo XIX, el de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete –primer presidente del Perú en 1823— con una solución sui géneris. Se le privó del ejercicio del mando, pero no del cargo. Así que era un “presidente” sin poder y sin mandato. Con un título meramente decorativo.
El otro caso fue en el siglo XX, el de Guillermo Billinghurst (1914), destituido por un golpe de Estado encabezado por el entonces coronel Oscar R. Benavides, más tarde presidente del Perú. El pretexto fue impedir que Billinghurst cerrase el Congreso que le era opositor. El Parlamento, en ambos casos relatados, siguió funcionando con todas sus prerrogativas.
Lo acontecido después de 1933, luego del asesinato de Sánchez Cerro, jefe de Estado, no tuvimos affaires parecidos. Al instaurarse en el poder Manuel Prado Ugarteche (1939-1945) hubo una democracia verosímil. Llegó 1945 y el APRA no tenía escaños, pero si multitudes abrumadoras a su lado; salió electo Bustamante y Rivero con un mandato desdichado (1945-1948), fue derrocado por Odría que gobernó cojamente al Perú desde 1948 hasta 1956.
El odriato fue una dictadura siniestra con presos, perseguidos, clandestinos hasta la llegada de Prado Ugarteche, por segunda vez (1956-1962). El corsi e recorsi de la historia. Lamentablemente, las elecciones de 1962 se anularon por miedo a que gobernara el APRA y una junta militar o tetrarquía presidida por Pérez Godoy (1962) y Lindley López (1963) se instaló nuevamente en el poder.
En los comicios de 1963 salió electo Fernando Belaunde Terry. Pero todo esto se desbarató por el golpe militar siniestro de Juan Velasco Alvarado (3-octubre-1968) cuyo régimen continuó con Morales Bermúdez hasta 1980. La democracia se restauró plenamente caído los militaristas, subiendo al poder Fernando Belaunde, por segunda vez (1980-1985). El proceso democratizador se autodestruyó, nuevamente, el 5 de abril de 1992 con el militarismo disfrazado que apoyó a Fujimori (1990-2000). Y desde entonces vivimos una seudodemocracia que llevó al poder al ignaro e intonso Pedro Castillo, hoy en la cárcel, sine die. Sin fecha de salida.
II
En el presente siglo XXI han sido vacados tres jefes de Estado. Fujimori en el año 2000, por abandonar el puesto, refugiarse en Japón y no regresar al país, luego de hacerse público los casos de corrupción en decenas de videos.
El Parlamento declaró su permanente incapacidad moral, por eso hoy purga prisión con otros delitos. Vizcarra fue vacado en noviembre del 2020, acusándolo por actos de corrupción cometidos como gobernador de la región Moquegua. El caso de Pedro Castillo (diciembre, 2022) no fue exactamente una vacancia, sino una destitución por perpetrar un golpe de Estado fallido.
Todo esto confirma que en el Perú vivimos en una permanente crisis de gobernabilidad, fruto del unicameralismo instalado con la Carta de 1993.
III
No se necesita ser augur para vaticinar que el sistema instalado hoy, con la presidenta y su Parlamento, se derrumbará; vendrá un interregno descaradamente militarista. Pero también fracasará. Se intentará un reordenamiento de los poderes, pero, aunque esto sea un fatalismo, caerá esa arquitectura y un nuevo sistema llegará, con tricameralismo, un TC y un Defensor del Pueblo al servicio de la nación.
Los pro totalitarios terminarán en el destierro o en la cárcel. Esperaremos algún tiempo hasta rearquitecturar una democracia verosímil, popular, con las masas en la calle y los culpables tras las rejas.
Paciencia. Este final no es mañana, pero será el comienzo de una nueva época. La segunda República. La canalla en la cárcel y en el poder los mártires de la libertad.
