Con 13 votos a favor, se determinó que el líder parlamentario usó una propuesta legislativa para evitar condena
Nueva protección en el Congreso de la República que contribuirá a su deterioro ante la percepción pública. Este viernes, la Comisión de Ética cerró la investigación contra Alejandro Soto, presidente de la Mesa Directiva, por supuestos beneficios relacionados con la Ley 31751, conocida como la ‘Ley Soto’. La resolución fue unánime, con 13 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Los congresistas que respaldaron a Soto incluyeron a Rosangella Barbarán y Héctor Ventura de Fuerza Popular, Margot Palacios de Perú Libre, Alex Paredes del Bloque Magisterial, Esdras Medina de Unidad y Diálogo, y Héctor Valer de Somos Perú. Incluso, se sumó a este grupo Diego Bazán de Avanza País, quien además es el presidente del comité.
La secretaría técnica de la Comisión de Ética presentó hoy el informe conclusivo sobre el caso del presidente del Parlamento. Durante la exposición, se intentó eximirlo de cualquier responsabilidad por el uso de la ‘Ley Soto‘, la cual le posibilitó eludir una condena de ocho años y ocho meses de prisión efectiva por presuntos delitos de estafa y falsedad genérica presentados por la empresa de transportes Waynapicchu en Cusco.
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En un principio, se afirmó que Alejandro Soto no era el creador de la propuesta legislativa, sino el congresista Flavio Cruz de la bancada de Perú Libre. También se señaló que el representante de Alianza para el Progreso (APP) no suscribió el proyecto para su consideración en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Además, se destacó que nunca fue miembro de este grupo.
Además, se verificó que Soto nunca coordinó con Américo Gonza, quien en ese momento era el presidente de la Comisión de Justicia, ni tampoco con autoridades del Poder Judicial y el Ejecutivo para la promulgación y entrada en vigencia de la norma.
Luego, se indicó que el representante de la agrupación de César Acuña tampoco intervino en el debate inicial de la aprobación de la ley, limitándose a expresar que votó en contra junto a sus colegas de APP.
Sin embargo, lo más llamativo del informe es el reconocimiento de que Alejandro Soto respaldó la ley en una segunda votación y la utilizó para que el proceso penal, que había sido archivado en el 2019 por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco, prescribiera por sobreseimiento tras una solicitud de su abogado. A pesar de esto, se sostiene que no incurrió en ninguna infracción al reglamento.
“Si bien el congresista investigado (Alejandro Soto) votó en segunda votación por la aprobación del dictamen del proyecto de ley 3991-2022, ello no ha significado vulneración del artículo 4º literal e) del Código de Ética Parlamentaria, al no evidenciarse que habría participado en el proceso legislativo en mención, además de no haberse acreditado la existencia de interés económico que debió haber sido advertido por el denunciado”, se lee en una de las conclusiones del documento.
Conclusiones del informe final de la Comisión de Ética que determina que Alejandro Soto no cometió falta alguna.
“Está acreditado que el congresista Alejandro Soto Reyes, teniendo como antecedente que el proceso penal en su contra en una primera instancia había sido declarado sobreseído y prescrito; y al encontrarse vigente la Ley 31751, su defensa técnica la invocó en uso de sus facultades legales. Petición que pudo haberse rechazado en aplicación del control difuso del magistrado”, agregan.
En el informe conclusivo, también se señala que hay una propuesta de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) para derogar la llamada ‘Ley Soto‘. No obstante, se enfatiza que, en última instancia, esta ley no beneficia únicamente al presidente del Parlamento, sino que «comprende a todos los ciudadanos sin excepción alguna, prevaleciendo consideraciones legales y no éticas para la aplicación de la norma vigente».
Limpio de cualquier denuncia
De esta manera, Alejandro Soto queda exonerado de cualquier acusación en el Congreso. Es importante recordar que fue absuelto por Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, ya que se cerraron las investigaciones relacionadas con los presuntos casos de nepotismo por la contratación de la hermana de la madre de su hijo, así como por el supuesto recorte de salarios a los empleados de su despacho para destinar fondos a la promoción de sus actividades en Facebook.
Con ocho votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, se rechazó la apertura de una investigación contra Soto al argumentar que tanto los informes del Congreso como los de la Contraloría no encontraron ninguna irregularidad en su contratación de su cuñada.
Mientras tanto, con seis votos a favor y ocho en contra, se frustró la propuesta para investigar por qué los colaboradores de Soto destinaron parte de sus salarios a otros propósitos.
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