Decreto será aplicado en todo el país
Hoy, el Ejecutivo ha emitido un decreto que valida medidas particulares destinadas a prevenir e investigar el delito de extorsión y aquellos delitos relacionados, además de contemplar modificaciones en el Código Penal y el Código Procesal Penal.
Esta medida queda formalizada mediante la promulgación del Decreto Legislativo 1611, el cual se ha difundido en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
Este decreto tiene alcance nacional, abarcando diversas áreas geográficas como zonas delimitadas, recintos especiales, áreas de exclusión, así como el ciberespacio. Sin embargo, se excluyen las acciones llevadas a cabo en propiedad privada, las cuales requieren autorización judicial, y se exceptúan expresamente los recintos protegidos por inmunidad diplomática.
Igualmente, es importante señalar que el Ministerio Público, en su calidad de ente encargado de ejercer la acción penal pública, desempeña un papel fundamental al asumir la dirección de la investigación desde su inicio y supervisar legalmente las actividades investigativas llevadas a cabo por la Policía Nacional en relación con el delito de extorsión y sus delitos asociados.
Por otro lado, la Policía Nacional del Perú (PNP), en su responsabilidad de salvaguardar el orden interno, desempeña funciones preventivas, investigativas y de combate contra la delincuencia. En el ámbito procesal penal, la PNP se encarga de llevar a cabo la investigación del delito de extorsión y otros delitos conexos.
Para prevenir el delito, la PNP lleva a cabo diversas acciones, como rondas o patrullajes vehiculares, así como vigilancia fija o móvil. También se realizan operaciones de control territorial enfocadas en personas que se desplazan en vehículos, ya sean de transporte público o privado. Esto incluye inspecciones y registros personales tanto del conductor como de los pasajeros, así como de la unidad vehicular, entre otras medidas.
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Además, la unidad de investigación policial desempeña un papel crucial en la prevención del delito. Realiza diligencias que incluyen el levantamiento y recolección de muestras, registros e inspecciones en el lugar de los hechos, identificación de testigos presenciales, revisión detallada de la escena del delito y áreas circundantes, así como incautaciones e inmovilizaciones de elementos de prueba comunes, entre otras acciones destinadas a recopilar información esencial para la investigación.
De otro lado, señala que las entidades públicas y privadas en el marco de las obligaciones expresadas en normas de distinta jerarquía y existiendo flagrancia delictiva de por medio, «deben proporcionar en cooperación con la autoridad policial a cargo de la investigación de delito de extorsión y delitos conexos».
El decreto altera asimismo los artículos 200 y 317 del Código Penal, que fueron aprobados mediante el Decreto Legislativo Nº 635 y que establecen las penalidades para los actos delictivos de extorsión y participación en organizaciones criminales.
