No es ninguna novedad el descontento ciudadano frente a los informes, recomendaciones, resoluciones y otras actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), constituido por la Comisión y la Corte del mismo nombre, ello por su sesgo ideológico y por ser contrarias al derecho de los Estados a respetar, resguardar, mantener y recuperar el orden y la tranquilidad pública, pero por supuesto con respeto a los Derechos Humanos, los cuales son universales y no exclusivos a quienes sus protestas las ejecutan con violencia o con actos vandálicos.
En el Congreso e imbuidos por el descontento antes mencionado, se presentaron diversos proyectos de ley, para corregir la situación expuesta. Los proyectos en cuestión, unos eran de carácter extremo como el retiro del Perú del SIDH, denuncia de la Convención Americana de DD.HH, salida de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana manteniendo la adhesión a la Comisión. Otros proyectos fueron más moderados, entendiendo que, si bien había que hacer correctivos, debíamos permanecer en el Sistema a fin de no quitar protección internacional a quienes pudiesen ser afectados en sus Derechos Humanos.
Los proyectos legislativos a los que nos referimos fueron derivados a la Comisión de Constitución del Congreso, la cual tuvo el acierto de agruparlos, pedir asesoría a diferentes expertos e incluso citar a algunos de ellos para que diesen sus opiniones en forma presencial ante dicha Comisión. La Comisión fue informada también de posiciones extremas de los expertos, desde quienes manifestaban que todo debería seguir tal cual, sin hacer modificaciones, renuncias y denuncias, hasta quienes expresaban su deseo de que el Perú saliese de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Es bueno señalar que hubo posiciones centristas que, reconociendo la necesidad de tener protección internacional a los Derechos Humanos de nuestra población, también se pudiesen hacer las reformas en el Sistema, incluyendo la Convención, los estatutos y reglamentos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de superar deficiencias, excesos y errores, pero si ello no se lograse, siempre tener las puertas abiertas para nuestro retiro del Sistema.
La Comisión de Constitución ha dictaminado en conjunto todos los proyectos de ley habidos en el Congreso, relacionados con la presencia peruana en el SIDH, reconociendo que es competencia exclusiva de quien ejerce la Presidencia de la República, la denuncia de tratados internacionales, máxime cuando la política exterior del país está a su cargo. Si los Tratados versan sobre Derechos Humanos, la denuncia tiene que ser aprobada desde el Parlamento.
La Comisión de Constitución, con buen criterio, recomendó al Pleno del Congreso y esté lo aprobó, un texto de ley para conformar una Comisión de Altísimo Nivel para elaboración de un diagnóstico del Sistema, que lamentablemente con el correr del tiempo había distorsionado sus fines primigenios. Esta misma Comisión debería dar sus recomendaciones para los cambios, que serían propuestos a la OEA, en la cual la representación permanente del Perú debería gestionar el apoyo de otros países, tarea que también tendría que hacer la Cancillería en los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos.
En buena cuenta lo aprobado en el Congreso, sin desconocer las prerrogativas internacionales presidenciales, es hacer la pelea por las reformas en el SIDH, desde adentro, esto es sin retirarnos de él, proponer y gestionar sus reformas.
Ahora la tarea está en manos del Ejecutivo, que esperemos promulgue cuanto antes la Ley para que la Comisión de Alto Nivel, sin más demora, inicie su importante tarea.
