El derrame de petróleo en Ventanilla sucedió el pasado 15 de enero del 2022
La comisión encargada de indagar sobre el vertido de petróleo en Ventanilla ocurrido el 15 de enero de 2022 presentó el informe final del suceso. En el informe se sugiere llevar a cabo una investigación para determinar si los ex presidentes del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez y Aníbal Torres, actuaron conforme a las normativas legales.
La congresista Margot Palacios, quien preside la comisión encargada de investigar el derrame de petróleo de Repsol, compartió esta información en un evento público que tuvo lugar en el auditorio «Alberto Andrade Carmona». En dicho acto, se abordaron los impactos, consecuencias y responsabilidades relacionados con el hecho.
Sugirió al Poder Ejecutivo fomentar iniciativas que promuevan la coordinación y la colaboración política entre las diversas entidades gubernamentales responsables de abordar las consecuencias ambientales y sociales resultantes de los derrames de petróleo.
Fomentar la recuperación de los ecosistemas marinos y costeros perjudicados por el vertido de petróleo es una tarea encomendada al Ministerio de Ambiente. Esta labor implica coordinar y colaborar estrechamente con las autoridades pertinentes para implementar medidas complementarias.
En el caso de la empresa Refinería la Pampilla S.A.A. (RELAPASAA), se le insta a abordar las observaciones relacionadas con los planes de rehabilitación.
Además, se le exige llevar a cabo la ejecución e implementación de dichos planes en los 71 sitios, 2 áreas naturales protegidas, 6 Islas e Islotes, y la Zona Submareal afectados por el derrame de petróleo. Este proceso debe realizarse una vez que los planes hayan sido aprobados, asegurándose de cumplir con todas las normativas establecidas por la ley.
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La comisión llegó a varias conclusiones significativas, según expresó la congresista Palacios, quien destacó que el vertido ocasionó consecuencias devastadoras tanto en el entorno como en la población del litoral peruano.
Asimismo, subrayó que la causa del incidente radicó en una práctica inadecuada de descarga, que no respetó los estándares de maniobra y posiblemente no consideró adecuadamente el peso del material cargado, excediendo las cantidades permitidas.
El desastre petrolero dejó secuelas graves en las playas de Costa Azul, Bahía Blanca y otras ubicadas en el distrito de Ventanilla, generando perjuicios significativos en la flora, fauna, pesca, turismo y actividades económicas. Posteriormente, los daños se extendieron a los distritos de Chancay, Santa Rosa, Ancón y Aucallama (Huaral).
