Fallas en el marco normativo que regula las inversiones en proyectos de infraestructura y saneamiento básico, y que originan muchas veces expedientes técnicos deficientes, son -en gran parte- las causantes de la paralización de más de 2 290 obras públicas en todo el territorio nacional, por un monto de inversión superior a los S/26 mil 992 millones.
Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), ing. Elías Tapia, al comentar las alarmantes cifras oficiales de proyectos en stand-by que figuran en el ‘Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional’ de enero del presente año, elaborado por la Contraloría General de la República.
Frente a la lentitud de inversiones en obras públicas como la construcción de hospitales, colegios, puentes, carreteras y servicios básicos de agua y desagüe, Tapia Julca demandó con urgencia cambios puntuales del marco normativo que regula las inversiones en obras para cerrar la clamorosa brecha en infraestructura de salud, educación, transporte y saneamiento que existe actualmente en el país.
Sostuvo que se viene promoviendo dichos cambios, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo, en el marco del proyecto de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado que se viene trabajando en el Congreso de la República.
Mencionó que entre los problemas que afectan la celeridad en las obras que realiza el sector público, se encuentran los bajos costos de los estudios de preinversión, que genera “estudios deficientes” al permitir ofertas económicas menores al 90%, que llegan, incluso, a bajar hasta el 55%.
Añadió que otro obstáculo es el deficiente sistema de entregables y bajo costo de ejecución contractual de los estudios definitivos, que termina por generar sobrecostos al consultor y demoras de hasta 4 años en la revisión y aprobación del proyecto, lo cual ocasiona el descontento de la población.
“Mientras en Latinoamérica los estudios definitivos de ingeniería oscilan entre un 3% y 6 % (el mínimo es 3%); en Perú es de 0,51% o 0,85%. Eso, sumado a los bajos costos en estudios de preinversión, acarrea que el proyecto no nazca bien; y que todos los errores se trasladan a la etapa de la ejecución de la obra”, indicó tras proponer un costo del total mínimo del 3% cuando sea de ingeniería, y del 5% cuando haya estudios conexos.
El experto en temas de construcción mencionó que otra dificultad es la conflictividad que hay en la ejecución contractual de obras que se genera por la baja del 10% en la que todos están obligados a ofertar si se quiere ganar la buena pro, sumado a que también se considera penalidades hasta del 20%, lo cual es desproporcionado. “Este es un sistema leonino que no causa ningún beneficio al país; por el contrario, causa conflictividad», enfatizó.
