Antauro Humala nuevamente en el ojo de la tormenta por afirmaciones en contra del INPE
El presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, ha instado al Ministerio Público a investigar las afirmaciones de Antauro Humala, líder etnocacerista y condenado por el caso ‘Andahuaylazo‘. En una entrevista reciente, Humala afirmó haber pagado sobornos a personal del penal Ancón II mientras cumplía su condena de 19 años por delitos como homicidio simple y secuestro.
Las declaraciones de Humala surgieron en medio de las quejas de los seguidores del expresidente Pedro Castillo, quienes afirman que éste no está recibiendo el trato adecuado en el penal Barbadillo, donde cumple 36 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Ante estas afirmaciones, Llaque expresó su preocupación y solicitó una investigación formal por parte de la Fiscalía. «Si esto fuera cierto, esperamos que el Ministerio Público inicie una investigación por presuntos actos de corrupción», declaró el funcionario. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que las declaraciones de Humala sean simplemente «majadería».
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En su entrevista, Humala explicó que los supuestos sobornos fueron una respuesta a las dificultades que enfrentaban para mantener contacto con el exterior desde la prisión. «Con todas las dificultades que nos ponía el INPE, sacábamos nuestros periódicos, sorteábamos a los carceleros. Pedro Castillo se enoja porque no lo dejan llamar por teléfono […] sobórnate a un INPE, cómprate un celular, arriésgate. Así yo construí un partido desde la prisión», afirmó.
Estas declaraciones han generado un debate sobre la seguridad y la integridad en el sistema penitenciario peruano, así como sobre la influencia indebida que podrían tener ciertos reclusos dentro de las instituciones carcelarias.
La solicitud de investigación por parte del INPE refleja la gravedad de las acusaciones de Humala y la necesidad de garantizar la transparencia y la legalidad en el sistema penitenciario. Se espera que el Ministerio Público tome medidas para esclarecer estos hechos y tomar las acciones necesarias en caso de encontrar evidencia de corrupción.
