El número de presos políticos aumenta
Una vez más, el manto de la injusticia ha descendido sobre los valientes ciudadanos que alzan su voz en Cuba. El Tribunal Provincial de Camagüey ha emitido duras condenas contra catorce personas por participar en las protestas que sacudieron Nuevitas durante el verano de 2022, ubicado a tan solo 75 kilómetros de la capital provincial.
En total, el grupo enfrenta una condena combinada de 138 años tras las rejas. Sin embargo, destaca entre todas las sentencias la de Mayelín Rodríguez Prado, una joven de 23 años, acusada de propagar propaganda enemiga y sedición. Apodada «La Chamaca» en las redes sociales, ha sido sentenciada a 15 años de prisión por transmitir, a través de su teléfono móvil, las protestas que estallaron en el barrio del Pastelillo, donde los ciudadanos decidieron alzar la voz contra sus adversidades en un caluroso día de agosto. Con una niña pequeña a su cargo, Mayelín se ha convertido en otro trágico símbolo de la brutalidad del régimen cubano.
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«Estas condenas son inhumanas y evidencian la falta de voluntad política del régimen para atender los llamados internacionales y de la Iglesia Católica en favor de la liberación de los presos y el cese de la represión. Además, envían un mensaje intimidatorio al pueblo cubano, protagonista de las protestas contra el régimen. En lugar de ofrecer soluciones a los problemas que afligen a la población, el régimen responde con prisión, multas y hostigamiento, mientras gran parte de la comunidad internacional opta por hacer la vista gorda», denunció Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Otra víctima de esta ola de represión es Yennis Artola, quien también fue condenada a ocho años de encarcelamiento.
Entre los doce hombres condenados, las penas oscilan entre 14 y cuatro años de prisión. Curiosamente, la única absolución durante el juicio fue para Yanelis Valladares, madre de uno de los jóvenes, Frai Pascual, quien recibió una condena de 10 años de prisión por sedición.
El número de presos políticos en la isla caribeña continúa en aumento, alcanzando la alarmante cifra de 1.092 a principios de abril, según Prisoners Defenders.