Según Lissi Trujillo, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Para abordar un caso de bullying, también conocido como acoso escolar, la especialista Lissi Trujillo, defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), destacó la importancia de denunciar los hechos ante las autoridades del centro educativo.
Inicialmente, se explicó que el bullying constituye una forma de violencia que se distingue por el hostigamiento continuo hacia un menor por parte de un compañero de clase o miembro de la institución educativa. Esta violencia es deliberada y puede manifestarse tanto de manera psicológica como física.
También señaló que el bullying puede ocurrir tanto dentro como fuera del entorno educativo, incluso en el hogar de la víctima, en situaciones conocidas como ciberbullying, a través de plataformas digitales. Además, destacó la existencia del bullying étnico y homofóbico.
Explicó que el acoso puede adoptar formas directas, como golpes o insultos, o indirectas, como acciones destinadas a excluir a las personas de las actividades escolares y marginarlas.
Indicó que aquellos que experimentan o son conscientes de un caso de bullying deben informar de inmediato a las autoridades escolares, ya sea por iniciativa propia, de sus padres o del propio afectado. Esto se puede hacer a través del libro de incidencias, donde se documenta la situación de violencia, detallando la fecha, el lugar y las circunstancias.
Es responsabilidad del director del colegio mantener un seguimiento continuo del caso, en colaboración con el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, y documentar los incidentes en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación. Se sigue un protocolo establecido para garantizar que cada caso sea adecuadamente abordado y cerrado.
Además, la defensora señaló que el bullying puede constituir un delito si causa lesiones físicas o daño psicológico, aunque, dado que involucra a menores de edad, estos actos podrían ser considerados como infracciones.
No obstante, dependiendo de la gravedad de los daños, el agresor podría enfrentar procesos judiciales, especialmente en casos de lesiones graves.
También explicó que el Ministerio de Educación (Minedu) ha optado por una política reeducativa, donde ni el agresor ni la víctima pierdan el acceso a la educación, que es un derecho constitucional. Por lo tanto, en lugar de la expulsión, en casos que no impliquen lesiones graves físicas o psicológicas, se recurre a la suspensión temporal o al cambio de aula.
Además, afirmó que los padres no deben tomar acciones por su cuenta para abordar estos casos, ya que esta conducta podría acarrear sanciones, especialmente si resulta en lesiones.
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