La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, la misma que declaró fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos equipos celulares del fallecido expresidente de la República, Alan García Pérez.
A través de una resolución, publicada en las redes sociales, el tribunal indicó que esta disposición fue aprobada en el marco de la investigación que se le sigue al ex secretario de la presidencia de García Pérez, Luis Nava Guibert, y otros implicados, por el presunto delito de colusión agravada y otros, en agravio del Estado, por el caso Odebrecht.
El tribunal declaró infundado el recurso de apelación presentado por la familia del exmandatario, incluyendo a la exprimera dama Pilar Nores, Alan García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia.
Según la Tercera Sala Penal, la resolución inicial no vulnera el principio de legalidad procesal penal y se encuentra debidamente fundamentada.
En este caso, los hechos investigados están relacionados con la construcción de importantes obras de infraestructura en el país, como la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (Tramos 2 y 3).
Estas investigaciones buscan esclarecer presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción vinculados a estas obras de gran envergadura.
Los abogados del fallecido expresidente Alan García consideraron anteriormente esta decisión como ilegal.
Erasmo Reyna, miembro de la defensa legal de García, sostuvo que esta postura atentaba contra los derechos del dos veces presidente de la República.
“Ello constituye una grave afectación a los derechos de quien en vida fuera Alan García Pérez, porque van a ser 60 meses de que el expresidente tomó la determinación de quitarse la vida cuando el cerco fiscal y judicial se aproximó a él y quiso verlo humillado”, expresó el letrado.
A consideración de Reyna, se pretendía montar un «circo» con la información que se obtenga de los aparatos, por lo que anunció que tomarán medidas legales correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional.
