El sexenio de AMLO será recordado como el más violento, con 188,552 homicidios
El proceso electoral más sangriento en la historia de México se ha desarrollado bajo la fallida estrategia presidencial de «abrazos y no balazos», con un saldo de 37 candidatos asesinados. La última víctima fue Israel Delgado, candidato a contralor por la coalición oficialista en Cuitzeo, Michoacán, quien fue acribillado en la puerta de su casa la noche del sábado, apenas unas horas antes de que se abrieran los centros de votación.
Este contexto de violencia extrema ha teñido las elecciones más grandes del país, donde se disputan 20,000 cargos públicos. La violencia no se ha limitado a un solo lugar; en el mismo municipio de Cuitzeo, a 300 kilómetros de Ciudad de México, también ha desaparecido el asistente personal del candidato a alcalde por la oposición.
Otro caso trágico fue el de Jorge Huerta, candidato del Partido Verde Ecologista en Izúcar de Matamoros, Puebla, quien fue asesinado tras una discusión. Sus compañeros lo describieron como un ser humano íntegro y comprometido con el bienestar de su comunidad. Estos asesinatos reflejan la incapacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para controlar la violencia que ha marcado su administración.
A pesar de la indignación pública, AMLO ha respondido con desdén a las críticas, acusando a sus detractores de magnificar la violencia. «Los corruptos están muy enojados y magnifican todo lo relacionado con la violencia», dijo AMLO tras el asesinato de un niño en Tabasco. Sin embargo, las estadísticas de violencia son irrefutables. Tony Peraza, un caricaturista, capturó esta realidad en una viñeta donde AMLO, irónicamente, usa un charco de sangre para dibujar una fresa, una referencia peyorativa en México para describir a los privilegiados.
Más de 100 aspirantes han sobrevivido a ataques y alrededor de 4,000 se han retirado de la contienda por miedo a perder la vida. El analista Gabriel Guerra considera que, aunque la violencia electoral es trágica y alarmante, no es un fenómeno nuevo ni cree que afecte la normalidad democrática del país. Sin embargo, el problema es profundo y sistémico.
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La historia de violencia electoral en México es larga y dolorosa. En 1994, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en Tijuana cambió el rumbo del país. Doce años después, otro candidato a gobernador fue asesinado en Tamaulipas. Hoy, el narcotráfico extiende sus tentáculos en busca de controlar poderes locales y negocios, imponiendo extorsiones incluso en la producción de tortillas.
Los cárteles, como el Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana, han utilizado la campaña electoral para mostrar su poder. En Cuernavaca, pancartas amenazaban con «castigos severos» a quienes compraran votos. La violencia electoral, aunque localizada, tiene un impacto devastador, forzando a los candidatos que no se pliegan a renunciar o enfrentar la muerte.
Chiapas, fronterizo con Guatemala, es uno de los estados más afectados, con numerosos candidatos asesinados y elecciones suspendidas en municipios como Pantelho y Chicomuselo debido a la violencia. En estos lugares, civiles armados han bloqueado accesos y causado múltiples muertes.
El sexenio de AMLO será recordado como el más violento, con 188,552 homicidios y un incremento en las desapariciones. La estrategia de «abrazos, no balazos» ha fracasado, permitiendo al crimen organizado consolidar su control sobre una tercera parte del país. Este panorama presenta un desafío monumental para la nueva presidenta, quien deberá enfrentar una inseguridad desenfrenada y un gobierno que no ha podido garantizar la paz.
La percepción pública es clara: el 61.4% de la población se siente insegura en sus ciudades. El fracaso de AMLO para frenar la violencia no solo ha ensombrecido las elecciones, sino que también ha dejado un legado de inseguridad que será difícil de superar para el próximo gobierno.
