El premier Gustavo Adrianzén rechazó el informe presentado por la ONG de izquierda Amnistía Internacional, que concluyó que la presidenta Dina Boluarte puede ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos humanos durante las violentas protestas ocurridas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, en diciembre del 2022 y marzo del 2023.
“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En declaraciones a la prensa, el titular del Consejo de Ministros remarcó que “el Estado no responde a las ONG”
“El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresó el primer ministro este jueves.
Además, para Adrianzén, el informe presentado este jueves por la ONG demuestra que hay un “sesgo político”.
“La ONG en cuestión, que ha presentado hoy un informe, no hace sino ratificar a través de este el sesgo político con el que fue elaborado el informe del año pasado, donde se habló de ‘racismo letal’. Nosotros rechazamos rotundamente cada uno de los apartados de ese informe, los negamos en principio y, por supuesto, cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta de la República una responsabilidad mediata en los lamentables hechos ocurridos en las protestas”, manifestó el jefe del Consejo de Ministros.
“No aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos, cuando no económicos”, agregó.
Vale anotar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso descartó admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en contra de la presidenta Dina Boluarte, a causa de las muertes ocurridas en las violentas protestas tras el golpe de Estado que asestó Pedro Castillo.
