Ministro de Justicia Eduardo Arana, se manifestó tras los comunicados del Ministerio Público y la Conferencia Episcopal Peruana, en donde exigieron nulidad de la ley promulgada por el Parlamento.
El ministro de Justicia Eduardo Arana, replicó a las solicitudes del Ministerio Público y la Conferencia Episcopal Peruana a fin de que se anule la ley que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del año 2002. Dicha ley, fue promulgada por el Congreso de la República, el cual favorece a militares y al dictador Alberto Fujimori, en el marco de las condenas que se le imputan por las masacres cometidas durante el mencionado año.
Conforme a esta decisión, la Fiscalía y el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal peruana, solicitaron al Estado peruano que se tomen medidas a fin de impedir la aplicación de la Ley en cuestión. Durante la conferencia de prensa, el ministro de Justicia respondió que respeta las posiciones de ambas entidades, sin embargo, el Poder Ejecutivo, se mantendrá al margen.
“En primer lugar, hay que precisar que esta ley no ha sido promulgada por el gobierno. En efecto, esta ley ha sido promulgada por orden del Congreso de la República. En ese sentido, respetamos profundamente las posiciones que institucionalmente las entidades como la Conferencia Episcopal o el Ministerio Público puedan tener respecto del contenido, vigencia y alcance de la misma”, señaló.
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Asimismo, mencionó que la manera de revertir esta ley, es presentando una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, aclarando que el gobierno de Dina Boluarte, no formará parte de este proceso.
“Siendo respetuosos, también consideramos que los mecanismos constitucionales que se puedan disponer en contra de esta ley ya corresponden a ellos hacerlo y desde el gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de ello. Le corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables”, añadió.
Por su parte, Arana, hizo hincapié en la ley, debido a que ya se encuentra vigente, por lo que los operadores de justicia, deben aplicarla y señaló “Esto ya es un hecho consumado. Los hechos consumados implican que, o sea, la ley ya está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma. No es una norma que el Ejecutivo tenga que aplicarla”.
