El ministro de Gobierno de Ecuador, Michele Sensi, indicó que «es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado».
El pasado miércoles catorce de agosto, el Gobierno de Ecuador aseguró que un intento de desestabilización y golpe de Estado en la denuncia electoral por violencia política de género, fue presentado por la vicepresidenta Verónica Abad contra el mandatario Daniel Novoa.
Ante este suceso, la denuncia de Abad, podría acarrear una eventual destitución y suspensión de los derechos políticos de Noboa hasta por cuatro años; “es un burdo intento de desestabilización y descaradamente configura un claro intento de golpe de Estado”, mencionó el ministro de Gobierno, Michele Sensi.
“La actitud de Verónica Abad no sorprende. Desde hace tiempo quedó claro que no compartía los valores ni los principios de este Gobierno”, agregó Sensi mediante su comunicado, tras recalcar que, para el Ejecutivo de Noboa, la acusación de la vicepresidenta “es un intento desesperado por acceder al poder a cualquier costo”.
“Es vergonzoso el nivel de desesperación de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral (la de Noboa) al ver que no tienen otra alternativa”, agregó el ministro.
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En tanto, la denuncia de violencia política de género que fue interpuesta por Abad contra Noboa, recayó en el despacho del magistrado Fernando Muñoz, quien fue removido como presidente del Tribunal Contencioso Electora (TCE), en donde se tramitará dicha causa.
Sin embargo, la acusación de la vicepresidenta podría ser considerada como una infracción electoral “muy grave”, en el cual, se le sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatros años, así como también, la destitución del cargo y una multa.
Por su parte, Noboa, señaló que se presentará a la reelección, a fin de mantenerse en el poder por un periodo completo de cuatro años, sin embargo, teme dejar el puesto que Abad, debe tomar el cargo durante el periodo de licencia que el gobernante deba solicitar para dedicarse a su campaña electoral.
