Representantes de diversos sectores consideran medidas de presión ante la inseguridad y proyectos de ley en debate, tras el fracaso de las negociaciones con el Legislativo.
La tensión entre el Congreso y los gremios de transportistas ha aumentado en los últimos días, luego de que dirigentes del sector anunciaran la posibilidad de un paro nacional indefinido. Sin embargo, la decisión definitiva se pospuso para ser discutida con las bases. Las protestas se desencadenaron por la falta de respuestas concretas sobre la derogación de la Ley de Crimen Organizado y el archivo del proyecto de Ley de Terrorismo Urbano, demandas principales de los manifestantes.
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó que, tras una reunión con congresistas, se determinó suspender temporalmente el paro para dar tiempo a nuevas consultas con sus bases. “El paro se ha levantado momentáneamente, pero seguimos evaluando la posibilidad de un paro nacional”, afirmó. Campos añadió que el diálogo con el Legislativo se rompió debido a la falta de voluntad política para atender las exigencias de los gremios.
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmó que la decisión final se tomará en una reunión con las bases, prevista para la próxima semana. Palomino criticó la intención de modificar algunos aspectos de la Ley de Crimen Organizado en lugar de derogarla, advirtiendo que esto no resolverá el problema de fondo. “Nosotros no queremos cambios en los artículos, sino la derogación completa de la ley”, enfatizó.
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En paralelo, otros gremios se están sumando a la discusión. Martín Valeriano, de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, indicó que están a la espera de lo que decida el Congreso respecto a las leyes en cuestión, para evaluar si se adhieren a la protesta. Por su parte, Walter Carrera Álvarez, de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, anunció la creación de una «coordinadora nacional de lucha» para unificar las demandas de los sectores afectados. Según Carrera, la paralización se suspenderá temporalmente para coordinar con otros actores sociales.
La situación ha evolucionado rápidamente, y expertos, como el exministro del Interior Rubén Vargas, advierten que las demandas han ido escalando con el tiempo, incluyendo la seguridad y la legislación contra el crimen. “La plataforma de exigencias ha crecido considerablemente, y esto podría provocar un cambio significativo en el escenario político del país”, sostuvo Vargas.
En tanto, sectores económicos como Gamarra evalúan si sumarse a un posible paro, en función de lo que se decida en asambleas generales con sus miembros y en coordinación con otros gremios empresariales.
