Las sospechas sobre una posible falsificación de las firmas de Dina Boluarte, presidenta del Perú, han tomado fuerza tras el análisis realizado por el perito grafotécnico Augusto Arbaiza.
Según el especialista, hay discrepancias significativas entre las firmas registradas en el Reniec y las plasmadas en un decreto supremo que autorizó el viaje del exministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, a Nueva Zelanda.
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En el programa Ocurre Ahora, Arbaiza presentó una comparación entre las firmas auténticas de Boluarte y las cuestionadas. «La firma auténtica muestra un trazo inicial recto descendente en la letra ‘D’, mientras que la cuestionada inicia de forma curva. Estas divergencias sugieren que la firma en la resolución del 8 de julio no pertenece a su titular,» detalló el perito.
Por su parte, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, rechazó las acusaciones. «No existe una norma que obligue a la presidenta a informar al Congreso en caso de una cirugía, y ella no estuvo incapacitada. Firmó 91 documentos durante ese periodo, incluyendo decretos y leyes«, aseguró.
El origen de las sospechas
El caso fue revelado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, que cuestionó la autenticidad de varias firmas de Boluarte, incluidas las del decreto del 5 de julio que declaró estado de emergencia en Moquegua por la actividad del volcán Ubinas. Según el medio, la presidenta participó virtualmente en el Consejo de Ministros desde su residencia en Surquillo, donde guardaba reposo tras someterse a una rinoplastia y, presuntamente, una blefaroplastia entre el 29 y el 30 de junio de 2023.
“¿Alguien firmó por la mandataria con su consentimiento? ¿O se falsificaron las firmas debido a su ausencia?”, planteó la periodista Sonia Suyon en el informe. El semanario también incluyó una muestra de tres firmas, instando a las autoridades a realizar un análisis oficial para determinar su autenticidad.
Agenda presidencial vacía
Durante los días en que Boluarte estuvo en reposo postoperatorio, su agenda oficial permaneció en blanco por más de diez días, según confirmó la directora de prensa de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial. «No había actividades que cubrir. Nos dedicamos a organizar material de archivo porque la presidenta no estaba activa«, relató.
Investigación en curso
El Ministerio Público ya está investigando este caso, que pone bajo escrutinio el manejo del Ejecutivo durante un periodo crítico. Las implicancias legales de una posible falsificación de firmas podrían ser graves, afectando no solo la credibilidad de la mandataria, sino también la legalidad de los documentos firmados en ese periodo.
