El excluir al caso Gasoducto Sur en el acuerdo secreto de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, a pesar que esta obra es producto de la corrupción, continúa perjudicando al Estado Peruano, que no sólo enfrenta una demanda de 1,200 millones de dólares de la constructora brasileña por la anulación del contrato de licitación, sino que su socia Enagás quiere que el Estado le pague 505 millones de dólares por este mismo tema.
Es decir, gracias a la actuación del Equipo Lava Jato, integrado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, la procuraduría y el Ministerio de Justicia, en ese entonces liderado por Marisol Pérez Tello, las empresas corruptas le exigirán al Estado 1,700 millones de dólares.
Enagás, la compañía española de infraestructura energética, ha solicitado una revisión del laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que ordenó al Estado peruano pagar 176 millones de dólares, más intereses y el 75% de las costas procesales, en el marco del conflicto por la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Según informó la empresa, la solicitud de rectificación fue presentada el 23 de enero de 2025, con el objetivo de ajustar el monto reconocido en el fallo.
El tribunal arbitral, compuesto por Diego P. Fernández-Arroyo como presidente, Andrés Jana Linetzky y Claus von Wobeser, será el encargado de evaluar esta solicitud. Enagás argumenta que podrían existir errores materiales o aritméticos en la resolución, o que el tribunal haya omitido resolver algún punto relevante del caso. Según detalló la compañía, el tribunal establecerá un plazo para que ambas partes presenten sus observaciones y definirá el procedimiento adicional a seguir.
El caso tiene su origen en la rescisión del contrato del Gasoducto Sur Peruano, un megaproyecto adjudicado en julio de 2014 a un consorcio integrado por Enagás (con una participación del 25%), Odebrecht y Graña y Montero. Este proyecto tenía como objetivo mejorar la seguridad energética de Perú mediante el desarrollo de un sistema de transporte de gas natural.
En enero de 2017, el Gobierno peruano declaró la terminación del contrato, argumentando irregularidades en su adjudicación, vinculadas al escándalo de corrupción de Odebrecht.
El 20 de diciembre de 2024, el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, emitió su fallo a favor de Enagás, condenando a Perú a pagar 176 millones de dólares como compensación, más un interés anual del 1,44% calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018, y capitalizable semestralmente hasta el pago total de la indemnización (esto eleva el monto a unos 194 millones de dólares), según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El tribunal increíblemente determinó que Perú “violó” el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado entre España y Perú. Además, consideró que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que restringe la repatriación de dividendos de su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP), también constituye una violación del tratado. El CIADI le importó poco que esta obra fue producto de la corrupción para favorecer a Odebrecht y sus socios.
Por su parte, el Gobierno peruano, asesorado por el estudio legal Arnold & Porter Kaye Scholer, anunció que analizará el fallo para determinar las acciones legales pertinentes. Esto incluye la posibilidad de apelar la decisión del CIADI, amparándose en las disposiciones del Convenio CIADI y el APPRI. Según las autoridades peruanas, el tribunal no habría considerado adecuadamente las pruebas que señalan irregularidades en la adjudicación del proyecto, respaldadas por decisiones de cortes penales locales.
