Especialistas cuestionan su constitucionalidad.
La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) ha presentado un proyecto de ley que busca modificar el artículo 91 de la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. Esta busca prohibir la postulación al Congreso de funcionarios que hayan manejado información secreta, reservada o confidencial en los últimos cinco años. Esta iniciativa ha generado críticas de especialistas que la consideran inconstitucional y dirigida contra el coronel Harvey Colchado.
El proyecto establece que los funcionarios con acceso a información reservada no podrán ser elegidos congresistas por un periodo de cinco años antes de la elección. Sin embargo, este impedimento no se aplicaría a parlamentarios que formen parte de comisiones investigadoras o de la Comisión de Inteligencia.
El abogado Jorge Jáuregui advirtió que esta reforma afectaría a exfuncionarios con intención de postular en futuras elecciones, como es el caso de Colchado, quien manejó información clasificada en investigaciones recientes. “Podría aplicarse en su situación, ya que ha tenido acceso a datos de carácter reservado”, explicó el especialista.
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Otros expertos señalaron que la iniciativa vulnera principios constitucionales. Según el abogado Heber Joel Campos, la propuesta establece una diferencia arbitraria entre ciudadanos y limita la competencia política. “Parece una maniobra para excluir a posibles rivales electorales”, afirmó.
El proyecto, impulsado por el congresista Alejandro Soto y respaldado por otros legisladores de APP, ha sido cuestionado por su aparente intencionalidad política. Analistas consideran que esta medida podría utilizarse para restringir la participación de ciertas figuras en los comicios.
En respuesta a las críticas, Soto negó que su iniciativa tenga un objetivo específico y aseguró que será debatida en el Congreso. “No tiene nombre propio. Es solo una propuesta que será analizada por 130 parlamentarios”, declaró.
A través de sus redes sociales, el legislador justificó la medida señalando que busca evitar que exautoridades usen información privilegiada en beneficio propio. Pese a ello, la propuesta sigue generando controversia y enfrentará un intenso debate en el Parlamento.
