Viajes no justificados en el Parlamento.
Se han detectado irregularidades en los viajes de Andrea Vidal e Isabel Cajo, quienes utilizaron permisos firmados por Jorge Torres Saravia, jefe de la Oficina Legal de APP. A pesar de contar con estas autorizaciones, las fechas y trámites parecen haber sido manipulados para justificar sus ausencias laborales. Los documentos revelan un patrón de manipulaciones que pone en duda la legalidad de las solicitudes de las jóvenes.
El 27 de agosto de 2024, Cajo solicitó un adelanto de vacaciones de cuatro días, del 9 al 12 de septiembre, que fue aprobado por Torres Saravia. Sin embargo, el movimiento migratorio de Cajo muestra que ella salió del país el 6 de septiembre, antes de la fecha solicitada, con destino a Chile. Esta discrepancia entre la solicitud y los hechos no tiene justificación en los documentos presentados, lo que aumenta las sospechas sobre la validez de su ausencia.
Una situación similar ocurrió con Andrea Vidal, quien solicitó un adelanto de vacaciones entre el 4 y el 6 de septiembre de 2024. No obstante, el movimiento migratorio indica que ella ya había salido rumbo a Colombia el 3 de septiembre, justo el día en que pidió el permiso. Además, Vidal no cumplía con el requisito de un año de antigüedad laboral en el momento de su solicitud, ya que había ingresado al puesto en octubre de 2023.
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Estas irregularidades apuntan a posibles manipulaciones en los permisos otorgados por Torres Saravia, quien tenía una relación cercana con el partido de César Acuña, APP. Según los documentos obtenidos, no solo se autorizaron ausencias sin el respaldo adecuado, sino que, en el caso de Cajo, también se descubrió que no solicitó ningún permiso para un viaje posterior a España, realizado entre el 21 de noviembre y el 1 de diciembre.
Este conjunto de irregularidades plantea serias preguntas sobre las prácticas internas dentro del Parlamento, sugiriendo un posible esquema de favorecimiento y el uso indebido de permisos laborales para facilitar viajes sin la debida justificación. Las autoridades deberán esclarecer la magnitud de estos hechos, que han sacudido la confianza en los procesos dentro de las instituciones públicas.
