El conflicto desatado en Bolivia por los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de octubre —que favorecen al Gobierno boliviano pero que la oposición considera fraudulentos— no encuentra una salida política ni institucional generando conflicto y muertos.
Grupos de manifestantes a favor y en contra del presidente Evo Morales se enfrentan a diario en distintas ciudades del país, lo que ha provocado la muerte de tres personas y decenas de heridos de distinta gravedad.
La policía no tiene capacidad para garantizar el orden, pero no se sabe si porque el Gobierno le pide abstenerse de actuar en algunos casos, porque no cuenta con suficientes recursos o porque, al estar dividida internamente, no puede ser usada con confianza por las autoridades.
Las organizaciones urbanas que dirigen el conflicto, los llamados “comités cívicos”, piden la renuncia del presidente y la convocatoria de nuevas elecciones, una opción que es impensable para el oficialismo.
El pasado miércoles, se produjo un brote grave de violencia en Cochabamba, la región del país de la que proviene Morales. A primera hora de la mañana, una columna de mujeres cocaleras, antiguas compañeras de lucha del ahora presidente, marchó desde el campo a la ciudad del mismo nombre, que se encontraba bloqueada en distintos puntos.
Renuncias del oficialismo
En medio de las tensiones en todo el país, un gobernador y dos alcaldes emanados del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) anunciaron que renunciaban a sus respectivos cargos.
Juan Carlos Cejas, gobernador de Potosí, dijo que dimitía «si eso va a ayudar a que no tengamos enfrentamiento», además de que buscaba proteger a su familia que estaba «en riesgo».
El alcalde de Potosí, William Cervantes, también se vio obligado a presentar su renuncia ante la presión de los manifestantes en esa ciudad.
A su vez, el alcalde Iván Arciénega, de la ciudad de Sucre (la capital administrativa de Bolivia), presentó su renuncia «irrevocable» para así facilitar «una solución pacífica al conflicto que vive el país».
«Que se restablezca la democracia, el orden constitucional y los plenos derechos de la gente por una Bolivia unida», dijo en un comunciado.
Otro alcalde que dimitió, aunque no del oficialismo, fue el de Oruro, Saúl Aguilar, quien dijo que lo hizo «en virtud a los recientes acontecimientos en el país, precautelando la seguridad de los orureños y pidiendo la paz en Bolivia».
