Miles de panfletos atribuidos al MOVADEF aparecieron en las calles de Patapo y Pucalá, haciendo un llamado a la «lucha de clases» y arengando la muerte de empresarios del sector azucarero.
Según denunciaron pobladores de la zona, que prefirieron no identificarse por temor a represalias, durante la madrugada de ayer, miles de estos panfletos fueron dejados bajo sus puertas incitando a acciones de protesta contra lo que denominan la «explotación capitalista» en la empresa Agroindustrial Pucala.
Informes policiales han dado a conocer la presencia de elementos subversivos dentro de la empresa Agropucalá, pues según refieren, la administración saliente representada por Jorge Hernán Atoche Pacherres, se resiste a dejar el cargo, y para esto ha formado alianzas con elementos vinculados a remanentes de Sendero Luminoso y otros grupos armados.
La Policía Nacional ha logrado identificar la presencia del abogado Miguel Olazabal Ancajima, alias camarada «Javier»,en manifestaciones realizadas en respaldo a Atoche Pacherres, y en reuniones al interior de la empresa Agropucala, incitando a desconocer la decisión judicial de la Sala Civil de Chiclayo que determinó la salida de Atoche de la empresa.
Según la información que maneja la Policía, Olazabal Ancajima ha sido sindicado como integrante de la ex Asociación de Abogados Democráticos de Socorro Popular del Perú – Sendero Luminoso, y es hermano de Elias Olazabal Ancajima, alias camarada «Hernando», sindicado como integrante del Ejercito Guerrillero Popular del destacamento de Patapo.
Los atemorizados pobladores del sector responsabilizan directamente de la presencia subversiva en Pucalá al juez Juan Francisco García Mayorga, quien nombró irregularmente como administrador judicial de Agropucala a Jorge Atoche Pacherres, y hasta la fecha no da cumplimiento a la orden de la Sala Superior que cesa en el cargo a Atoche; pues según sostienen, esta extraña demora del juez en ejecutar el cambio de administración está dando lugar a la proliferación de elementos de mal vivir y remanentes subversivos en la empresa, cuyo objetivo sería oponerse a la ejecución del cambio de administración.
Hasta el cierre de esta edición, el controvertido juez Juan Francisco García Mayorga continuaba sin expedir los oficios respectivos a la Policía Nacional para que se ejecute el cambio de administración ordenado por la Sala Civil el 30 de octubre último, pese a las reiteradas marchas de protesta de los trabajadores de la azucarera, quienes exigieron la intervención del Jefe de la OCMA, Vicente Walde Jaúregui.
