La fiscal provincial Haydee Bravo Chávez fue apartada de seguir tramitando la investigación en curso ante el Ministerio Público por la usurpación de la fábrica de azúcar de la empresa Industrial Pucalá SAC, tras declararse fundado el pedido de apartamiento del caso N° 5687-2019, presentado por el abogado de la azucarera Juan de Dios Díaz Barco, al demostrarse la existencia de parentesco relevante entre la referida fiscal y el principal investigado Oscar Bravo Gamonal, así como hechos que demostrarían la parcialización de la referida fiscal en perjuicio de la empresa.
Como se recuerda, el día 05 de agosto del 2019, los representantes de la azucarera denunciaron que la fábrica había sido usurpada por una turba de sujetos liderados por Henry Rivera Ramírez, Jorge Samamé Chapoñan y Oscar Bravo Gamonal; sin embargo, luego de conocido el hecho la fiscal Bravo Chavez realizó una inspección en el lugar sin permitir la participación de los agraviados, lo que despertó suspicacias sobre su actuación.
Posteriormente, la mencionada fiscal reprogramó de manera inusual dicha inspección hasta en dos oportunidades porque los denunciados no permitían su ingreso al lugar, sin requerir mandato judicial que haga cumplir con las diligencias de ley, permitiendo de esta forma que dichas personas continúen usufructuando la compañía hasta la fecha, sin realizar ningún tipo de diligencia encaminada a la restitución del inmueble usurpado, ni la incautación de las miles de bolsas de azúcar que producen diariamente quienes ocupan la fábrica de manera ilegal.
Todas estas irregularidades motivaron a que el asesor legal de la empresa, Juan de Dios Díaz Barco, formule el pedido de inhibición, el cual fue declarado fundado por la Fiscal Superior Penal, Carmen Graciela Miranda Vidaurre, apartando del caso a la cuestionada fiscal Haydee Bravo Chavez, quien deberá remitir el caso de inmediato a otro fiscal para que continúe su trámite y adopte las medidas correctivas pertinentes.
Se supo que por estos mismos hechos hay sendas denuncias por uso ilegal de armas de fuego y otras que deben esclarecerse. Enterados de la decisión de la Fiscal Miranda Vidaurre, dirigentes de los trabajadores de la empresa mostraron su conformidad y solicitaron se acelere la restitución de la legalidad en la compañía azucarera.
