Congreso aprueba norma que sancionará a inescrupulosos que lucran con el alza de precios de fármacos para COVID-19. Los traficantes de la salud tendrán hasta ocho años de cárcel.
El pleno del Congreso de la República aprobó un texto sustitutorio que recoge varias propuestas legislativas para sancionar con pena privativa de libertad hasta 8 años a los que incurran en la comisión del delito de acaparamiento, especulación y adulteración en las zonas declaradas en Estado de Emergencia, calamidad pública o conmoción, dio a conocer el congresista José Luna Morales, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.
La propuesta también contempla la restitución de la pena por acaparamiento, así como modificar el delito de especulación, que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, y con 180 a 365 días-multa. Del mismo modo, la especulación y alteración de pesos y medidas será sancionado con prisión efectiva no menor de 2 ni mayor de 6 años, así como con 180 a 365 días-multa, precisó Luna Morales.
“…Si la especulación de precios se comete durante un estado de emergencia declarado por el Presidente de la República, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años, y con 180 a 365 días-multa”, aclaró el parlamentario.
La adulteración también será sancionada con una pena no menor de uno ni mayor de 3 años, y con 90 a 180 días-multa. En caso esta se produzca durante una situación de conmoción, calamidad pública o estado de emergencia, la prisión efectiva no será menor de 4 ni mayor de 6 años, y con 180 a 365 días-multa, explicó.
Luna Morales recordó que el proyecto de ley restituye el artículo 233 del Código Penal que fuera derogado mediante Decreto Legislativo 1034 en junio del 2008 por el gobierno aprista. Dijo que el acaparamiento y la especulación de precios de medicinas en una crisis sanitaria son delitos que deben sancionarse y penalizarse y ahora con la aprobación de la ley se terminará con las innumerables denuncias ciudadanas sobre el abuso por parte de las farmacias y boticas.
El Gobierno pese a tener facultades delegadas por el Congreso no hizo nada para controlar el alza desmedida de las medicinas, beneficiando a los grupos de poder económico, superponiéndolo sobre las necesidades de la población, dijo.
“Con la restitución de la ley ahora se va a frenar el monopolio creado en cadenas farmacéuticas que han elevado los precios de medicamentos como Azitromicina o Ibuprofeno en plena emergencia sanitaria. El Grupo Intercorp que preside Carlos Rodríguez-Pastor, el hombre más rico del Perú, se aprovechó de la necesidad del pueblo so pretexto de la economía de libre mercado”, remarcó el parlamentario.
El legislador José Luna expresó que no sólo las farmacias son las que originan abuso escandaloso de elevar el precio de medicinas, sino también las clínicas privadas que exigen para recibir a un paciente por Covid-19 un pago de 30 mil soles para ofrecerles una cama UCI. Además añadió que como es de conocimiento público el costo de un balón de oxígeno medicinal que antes costaba 200 soles para el tratamiento del coronavirus ahora se viene comercializando en 3,500 soles, lo cual ahora se va acabar con todo ello, sentenció.
