Humberto Abanto sospecha represalia por sustentar denuncia constitucional contra magistrados Ledesma, Ramos, Miranda y Espinosa Saldaña en caso El Frontón
El penalista Huberto Abanto, abogado defensor de Jaime Yoshiyama manifestó a LA RAZÓN que el Tribunal Constitucional viene desacatando de manera contumaz la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acerca del trato preferente que merecen las personas privadas de la libertad en el marco de la pandemia de Covid-19, declaró el abogado Humberto Abanto Verástegui.
Indicó que la señora Ledesma Narváez habría introducido una dilación indebida motivada por su declarada posición adversa al fujimorismo, o es una actitud revanchista porque a fines de 2017, le tocó sustentar la denuncia constitucional contra dichos magistrados por la violación de la cosa juzgada en el caso El Frontón, que archivaron con una prevaricadora medida cautelar de la Corte IDH”, sostuvo.
«Es inaceptable que un proceso de habeas corpus planteado por un adulto mayor, Jaime Yoshiyama tiene 76 años, que además se contagió de Covid-19 en un establecimiento penitenciario, se encuentre durmiendo el sueño de los justos en la Sala 1 del Tribunal Constitucional, que curiosamente se encuentra presidida por otro adulto mayor, como es el magistrado Manuel Miranda Canales», remarcó Abanto
Abanto señaló que durante el encierro de Jaime Yoshiyama Tanaka y en el marco de la pandemia, se produjo un motín en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, situación de violencia que puso en peligro la vida de su cliente. En ese sentido, rescató que la CIDH ha sido enfática en señalar las recomendaciones a los estados.
Dijo que resulta inaceptable la discriminación de que es objeto Jaime Yoshiyama Tanaka, un adulto mayor de 76 años de edad que se encuentra privado de la libertad por un mandato judicial erróneo, como lo destacó la propia jueza suprema Susana Ynés Castañeda Otsu en su voto dirimente en la casación interpuesta por la defensa de Yoshiyama.
“La jueza suprema Castañeda destacó en el fallo que, al revisar el expediente, comprobó que a Jaime Yoshiyama Tanaka solamente se le había imputado peligro de fuga, por encontrarse fuera del país, debido a un tratamiento médico oftalmológico y no por peligro de obstrucción, como señalaron los votos de sus colegas y que el peligro de fuga se había visto atenuado por la entrega voluntaria de Jaime Yoshiyama, quien regresó al Perú a la medianoche del 10 de marzo de 2019”, recalcó.
Señaló que magistrada Marianela Ledesma ha introducido una demora indebida “motivada por su declarada posición adversa al fujimorismo”.
CONTAGIOS
Abanto indicó que el Tribunal Constitucional ha visto los casos de Antauro Humala, Alexander Kouri Bumachar, Keiko Sofía Fujimori Higuchi y, recientemente, el de Pier Figari Mendoza. «Eso está muy bien, pues se trata de personas privadas de la libertad contagiadas con el SARS-CoV-2, los dos primeros, y en grave riesgo de contagio, los dos últimos», dijo Abanto Verástegui.
«Resulta inexplicable que la Sala 1 del Tribunal Constitucional, recién el 30 de julio último resolviera el pedido que hice el 12 de setiembre de 2019 para que la causa de Yoshiyama se acumulara al de Keiko Fujimori y que lo hiciera con una resolución, supuestamente, del 3 de diciembre pasado, que ha motivado el reclamo del magistrado Espinosa-Saldaña, quien pese a coincidir con la decisión, señaló que debió resolverse con anticipación por razones evidentes», opinó.
El penalista explicó que esas razones evidentes son que el caso de Keiko Sofía Fujimori Higuchi fue devuelto al juzgado de origen el 29 de noviembre de 2019 y la magistrada Ledesma Narváez, ya con el caso fuera del TC decide pronunciarse. «Esa lenidad, esa dilación indebida pone en evidencia un abierto desafío a la recomendación de la CIDH sobre el trato preferente que corresponde a los procesos de las personas privadas de la libertad y particularmente de los adultos mayores en esa situación», añadió
MOTIVACIÓN POLÍTICA
«O la señora Ledesma Narváez ha introducido una dilación indebida motivada por su declarada posición adversa al fujimorismo, que debió moverla a abstenerse en estas causas que involucran a altos dirigentes del fujimorismo, o es una actitud revanchista de ella y sus colegas porque a fines de 2017, me tocó sustentar la denuncia constitucional contra dichos magistrados por la violación de la cosa juzgada en el caso El Frontón, que lograron hacer archivar definitivamente con una prevaricadora medida cautelar de la Corte IDH”, sostuvo.
Abanto señaló que una alternativa adicional sería la simple lenidad, pero resulta demasiado llamativa esta dejadez, a la luz de la atención a otros casos de personas del mismo partido, pero más jóvenes, que sí han sido vistos.
«Esta lenidad debe cesar inmediatamente. Si es animadversión al fujimorismo, debe deponerse; si es revanchismo, debe cesar; y si es simple pereza jurisdiccional, debe ponérsele fin. Si esta situación no se resuelve de inmediato, no tendré más remedio que interponer una denuncia constitucional contra estos magistrados, porque la denegación y el retardo de justicia es un delito grave en el caso de los llamados a proveer de tutela urgente a los derechos fundamentales, especialmente la libertad personal», concluyó
