Por: Ángel Delgado Silva / La magra votación parlamentaria a favor de la vacancia presidencial confirma, una vez más, el apotegma que la fortaleza de Vizcarra es el anverso débil de las fueras opositoras. No era menester gran clarividencia para intuir la ausencia de votos suficientes y, sin embargo, cargaron con frenesí y apresuradamente como si los factores de triunfo estuvieran a favor. Jamás evaluaron que los audios revelados, aunque importantes, carecían de esa letalidad definitiva, que tuvieron los videos “KouriMontesinos” o los del congresista Mamani. Tampoco tomaron en cuenta el recio frente periodístico pro-gubernamental, recientemente aceitado con 140 millones de soles. Y menos tuvieron en cuenta que importantes sectores de la opinión pública, traumados por la crisis y la pandemia, rechazan instintivamente cualquier innovación que, a su juicio consternado, pueda hacer más precaria su ya difícil situación.
Esperando una milagrosa “bala de plata” –que nunca llegó– los promotores de la vacancia observaban demudados como la moción parlamentaria perdía adherentes con el correr de las horas. Un shock que pareciera paralizar su actuar ulterior. Sin embargo, hay una importantísima tarea por delante, que ningún desaliento prematuro debería soslayar. Los audios, así no provoquen la inmediata caída del mandatario, dan fe de la comisión de actos delictivos que comprometen al Presidente y su entorno. Esto es incontestable, admitido incluso por la prensa rabona. La Disposición Nº 13 de la Fiscalía Provincial de Lima, especializada en Delitos de Corrupción de 17 de septiembre, ordena las diligencias preliminares contra Richard Swing. En ella son comprendido el círculo palaciego íntimo, incluyendo a Vizcarra, con la anotación que la investidura de éste último impide la investigación en esta instancia.
Esta Disposición Fiscal data antes del escándalo. Así que el nuevo material probatorio vuelve imperativo el profundizar las indagaciones. Pero existe una preocupación legítima: qué el Ministerio Público no cumpla su obligación, por la sospecha que la Fiscal de la Nación esté en contubernio con Palacio de Gobierno. Las amenazas de Zoraida Ávalos contra Karen Roca, pretendiendo querellarla, por haber dado nuevas luces sobre esta siniestra relación, son muy indicativas. ¿Qué está haciendo el Congreso para que no se trunque la investigación y se garanticen la fidelidad de sus resultados?. ¿Habrán tomado medidas para proteger los testimonios escuchados y evitar que mañana los testigos aparezcan retractándose o balbuceando incoherencias, como alguna vez ha sucedido?. El Congreso debiera apoyar las investigaciones, aportando nuevos elementos y, sobre todo, cautelando que las pruebas no se borren o distorsionen, independiente si ello generará otra situación de vacancia. Ésta siempre será el colofón de las pesquisas y jamás su punto de partida. ¡El Perú demanda explicaciones y la sanción a los responsables!. Y este sentimiento no puede quedar burlado.
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