El ciudadano vigilante
Por: Edgardo Palomino Martínez / El primer paso para retornar al Estado de Derecho bajo el imperio de la Constitución del Estado ya fue dado. El presidente sustituto Martín Vizcarra Cornejo ha sido vacado.
Siendo sensatos y realistas, Vizcarra sería un corrupto más al que la “Guerra Contra la Corrupción, Caiga quien Caiga”, declarada por él mismo, el 28 de julio de 2018, habría alcanzado y el Congreso, siguiendo el debido proceso para estos casos, ha aplicado la sanción política que corresponde.
El primer paso por el Congreso hacia un Perú verdaderamente libre de corrupción ha sido dado; y, la tarea debe continuar, sólo que ahora habría dos Poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, abocados a esta labor de limpiar el país a la brevedad posible a los fines de garantizar elecciones libres, soberanas y limpias en abril de 2021.
Por el lado del Presidente Manuel Merino de Lama, uno de los primeros golpes devastadores que debe asestar a la corrupción es acabar con la denominada “Concertación de Medios”; y, de raíz cortar este aberrante “subsidio”, creado por Vizcarra, a favor de la prensa “waripolera”, por medio de la millonaria partida presupuestal, mal llamada, “publicidad estatal”.
La compraventa de líneas editoriales de los “grandes grupos” de los medios de comunicación, que tan nocivos han sido para el País ocultando la Verdad al Pueblo, distrayéndonos de la realidad, debe cesar, y de inmediato.
Los medios de comunicación sin excepción, pero en especial aquellos que conforman la denominada “prensa alineada”, deben aprender a valerse del fruto de su esfuerzo empresarial competitivo, y no de la venta de su línea editorial a los gobiernos de turnos; o, a intereses oscuros y subalternos –y hasta foráneos– que pretenden, previamente violando nuestra Constitución y Estado de Derecho vigentes, imponer un “nuevo orden”, a través del engaño y las mentiras que publican.
La independencia y veracidad –como señalaba don Luis Miró Quesada de la Guerra– de nuestros medios de comunicación son esenciales para el desarrollo futuro del Perú, por lo que bien cabe recordar la opinión del Juez Hugo Black de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en el caso del gobierno de Nixon vs. el New York Times y el Washington Post (1971), que señala que nuestra Constitución ha premunido a la prensa libre de todas las garantías y seguridades para servir a los gobernados y no a los gobernantes.
Por ello, una de las primeras órdenes del día del nuevo Gobierno deberá ser instruir a los procuradores del Estado para que investiguen el caso de la “publicidad estatal” en los medios de comunicación y se formulen las denuncias contra todos aquellos que resulten responsables.
Para el Congreso la labor continúa. El paso de vacar a Vizcarra no es suficiente. Como señaló el Fiscal Jim Garrison de Nueva Orleans en 1969, no podemos admitir un “poder sin verdad”; y, que la alternativa a ello sea hacernos de la “vista gorda”.
Corresponde reivindicar la honra del Fiscal Rafael Vela Barba, Coordinador del “Equipo Especial Lava Jato”, a cuyo equipo y despacho, por Ley y Derecho, corresponde la investigación de la corrupción del mandatario sustituto, obrando ya pruebas que así acreditarían; y, en merito a las cuales, en opinión de muchos, Martín Vizcarra sería condenado mucho antes que cualquier investigado por este serio Señor Fiscal, a quien desde esta tribuna manifestamos nuestra solidaridad y respaldo.
Desde el 2018, hemos visto impasibles como magistrados (jueces y fiscales) honorables, que han hecho su mejor esfuerzo por defender la Constitución y el Estado de Derecho en oposición al régimen de Vizcarra, han sido desprestigiados por la prensa “mermelera” y mal guiada por cierta ONG y sus seguidores, supuestamente financiada con los pagos de la “publicidad estatal”, tildándolos de corruptos y señalándolos como miembros de la mafia de “Los Cuellos Blancos del Callao” con el único fin de encubrir los delitos de Vizcarra Cornejo, así como sacarlos del camino por ser “una piedra en el zapato”.
El Dr. Rafael Vela Barba ha sido injustamente atacado con este argumento por luchar por investigar, sin prejuicios y pasiones, el “Caso Vizcarra” en representación de su cliente: El Pueblo Peruano, que tiene un caso fuerte y sólido frente a quien como suplente habría ejercido la primera magistratura del país… prostituyéndola.
Al nombre del Dr. Rafael Vela Barba deben sumarse los nombres de los Fiscales Supremos que pretendieron poner coto a los despropósitos del mandatario vacado.
La mejor forma de desagraviarlos es que de inmediato el Congreso formule las acusaciones constitucionales que correspondan contra la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera y el ex Fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, cuyos expedientes vienen acumulando polvo en los archivos del Palacio de la Plaza Bolívar.
Es obligación del Congreso restituir al Pueblo Peruano un Ministerio Público independiente y autónomo, que no esté al servicio de los mandatarios de turno; o, de ONGs que se arrogan la representación de la democracia, la libertad, la justicia y la defensa legal de éstas. Y la mejor forma de hacerlo es poniendo en manos de la justicia a los mencionados fiscales antes que fuguen del país; y, permitir que el propio Ministerio Público se purgue y reorganice de acuerdo a su Ley.
En lo que respecta a la investigación que vengo realizando sobre la corrupción en la MML durante el período Villaranense, estoy más que convencido que vacados Ávalos y Sánchez Velarde del Consejo Nacional de Fiscales Supremos, las investigaciones acerca de la participación de Susana Villarán, José Miguel Castro Gamarra, Marisa Glave, Anel Townsend, Augusto Rey Hernández de Agüero, Paola Ugaz Cruz, Lenny Merino y otros fluirán con mayor velocidad, pues la influencia de ciertas ONGs en el Ministerio Público cesarán.
Señor Presidente Manuel Merino de Lama, Señores y Señoras Congresistas, la lucha por un Perú verdaderamente libre de la corrupción y en el que prevalece la Verdad, la Justicia y la Solidaridad recién se inició ayer 9 noviembre de 2020.
No defrauden a su Pueblo.
Edgardo José Palomino Martínez
(*) Abogado
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