Iván Torres La Torre
La Institución de la Defensoría del Pueblo surgió para defender o impedir la vulneración de derechos constitucionales contra los ciudadanos que son, o podrían ser, afectados por la administración pública en cualquiera de sus manifestaciones o formas.
Interviene, según el artículo 162° de la Constitución Política vigente, para defender los derechos de la comunidad o de una persona, sean estos derechos civiles, políticos, a la libertad y en general, cualquier derecho protegido por nuestro Estado democrático y constitucional.
Se podrán imaginar los miles de expedientes de personas que vienen siendo vulneradas en sus derechos fundamentales y que lamentablemente están siendo atendidos por una burocracia enorme en esta entidad del Estado, sin perjuicio de la indiferencia o el mero trámite que le puedan dar a las problemáticas que se le presentan. Yo mismo como abogado, he recurrido en múltiples oportunidades a la Defensoría del Pueblo y poco o nada conseguí. Adicionalmente, sus recomendaciones de igual forma, de poco o nada me sirvieron, en la medida que me indicaban que no eran vinculantes al problema de fondo. En conclusión, miles de expedientes a la espera de un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, ausencia del Defensor del Pueblo ante los pedidos de audiencias o citas en su despacho, opiniones no vinculantes, procedimiento timorato, muchas veces reverencial ante la autoridad a la que se enfrenta, con la excusa que no pueden invadir fueros ni atentar contra opiniones de autoridades y año tras año de existencia sin brillo ni lucidez, generando un presupuesto enorme de gasto con inmunidad y prerrogativas como las de un parlamentario y así se ha desarrollado esta institución débil y frágil en nuestro país.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo salió a la luz. Salió de su anonimato, tranquilidad, salió de sus comités internos, de sus lecturas serenas en su gabinete, para enfrentarse nada más y nada menos que al Ministro de Justicia, con actitud totalmente proactiva, ágil, veloz, política, lúcida; motivo por el cual yo me pregunto: ¿Por qué, ah? Como ciudadano de a pie me hago esta pregunta que todos nos hacemos de la manera más coloquial.
Aparece el Defensor del Pueblo exigiendo que el Ministerio de Justicia le haga entrega del expediente del indulto concedido a un ex presidente de la República, pensando así que defiende al pueblo o a alguien. ¿A quién defiende señor Defensor? ¿Al pueblo? Con el indulto a un ex presidente ¿qué derecho constitucional se le ha vulnerado a algún ciudadano? ¿Acaso con el indulto se ha vulnerado el derecho a la libertad de algún peruano? ¿Acaso se ha vulnerado algún trámite administrativo en perjuicio del derecho de un ciudadano’ ¿Por qué tan oficioso señor Defensor del Pueblo?
Son las preguntas válidas que todo peruano le puede hacer a usted señor Defensor del Pueblo. Tiene que calmarse. Creo que hay miles de expedientes en su despacho que esperamos que sean solucionados porque son de día a día, motivo por el cual le pido la próxima celeridad y ganas. Hasta la próxima semana.
