¿A quién favoreció Reactiva Perú, María Alva?

por | Jun 16, 2020 | Sin categoría

Por: Yorry Warthon / La cadena de pagos se rompió hace meses. El programa Reactiva Perú fue estructurado para evitar que miles de pequeños y medianos empresarios -afectados por la crisis sanitaria- no quiebren. Hoy por hoy, los débiles quebraron.

Pocos son los acreedores lograron conseguir el pago de sus deudores; pero ello no ha evitado una hecatombe en el sector económico que castiga, principalmente, a las pequeñas empresas. Finalmente, las pymes fueron asfixiadas. ¿Incapacidad de gestión? ¿Error deliberado para que los grandes empresarios saquen ventaja de este programa? ¿Asimetría informativa? ¿Excesivo conocimiento legal/regulatorio? ¿Amiguismo y corrupción? Veamos.

A la fecha de la presente columna, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de una inexperta María Alva, ha revelado la identidad de las 71 mil personas jurídicas y naturales que recibieron los S/ 24 mil millones (US$7.5 mil millones) en préstamos del sistema financiero en el marco de la primera fase de este fantasioso y despiadado programa denominado Reactiva Perú. Entremos a lo deleznable: 975 empresas se llevaron el 30% de la cifra total. Esto fue detectado y expuesto por el portal de investigación Ojo Público.

La decencia de la novel ministra bambolea al conocerse la lista de los grupos económicos beneficiados con el “programa estatal” que ella misma promocionó altisonante en plena emergencia sanitaria por Pandemia. En la lista aparecen grupos económicos como Intercorp, Grupo Wong y El Comercio, entre otros; así como Maderera Bozovich, sindicada por lavado de dinero debido a su esquema offshore, y la minera Volcán.

Asimismo, -y por excesiva casualidad- figuran clínicas, laboratorios e importadoras de pruebas para Covid-19; así como grandes firmas de abogados que litigan contra el Estado en temas tributarios. ¿Y las pymes, ministra Alva? Todo indica que el privilegio del programa está orientado a “auxiliar” a las grandes corporaciones.

Vale precisar que, curiosamente, empresas pertenecientes a El Comercio recibieron S/38 millones en créditos bancarios avalados por el Estado (Reactiva Perú) para evitar que rompan su cadena de pagos y despidan a empleados. El escándalo se genera pues mencionado grupo finalmente cesó en sus funciones a decenas de trabajadores. Entonces ¿A dónde fue a parar el dinero del programa, ministra María Alva?

Aparentemente, la ministra de economía juega con fuego hace varios meses. Y es que el destino de los recursos del estado y el erario nacional que maneja -tras la fachada de este programa social-, siempre termina beneficiando a corporaciones que no son precisamente las pymes. Así, se ha denunciado que incluso empresas vinculadas a delitos por defraudación tributaria, lavado de dinero y corrupción han sido privilegiadas con millones. Sospechosamente, tales empresas actualmente están reportadas a la UIF e investigadas por casos Panama Papers y Lava Jato.

Pero esto no es todo. Recordemos que el MEF, a cargo de la inexperta ministra, habría dispuesto el uso de US$ 27,000 millones para evitar, supuestamente, que el sistema empresarial colapse, generando así una franca estabilidad laboral. Todo quedó en la teoría.

En cuanto al espectro laboral en Perú, el empleo en Lima Metropolitana disminuyó en 2 millones 318 mil 300 personas durante el trimestre correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo del presente año. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) son irrefutables. ¿Qué hacemos, entonces, con tanta empresa quebrada, y millones de desempleados buscando respuestas en las redes sociales de María Alva?

Además de aclarar sobre los presuntos nexos de su padre, hermano, la millonaria deuda externa asumida por el país, y ensamblar políticas que a todas luces han favorecido a determinados grupos empresariales, hoy María Alva debe responder sobre las «imperfecciones» de Reactiva Perú. Un «programa» por demás alejado de las pequeñas empresas, y cuya implementación puede significarle investigaciones y cargos penales.

(*) Abogado y Analista Político


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