Accionistas de Graña deberán ratificar colaboración eficaz

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Graña y Montero realizará una junta de accionistas el próximo 3 de febrero.

Bienes de la empresa sobre Gasoducto servirían para pagar la reparación civil

El directorio de Graña y Montero ha convocado a una junta de accionistas para el próximo 3 de febrero con la finalidad que sea esta la que ratifique la decisión de celebrar un Acta de Entendimiento Mutuo (ACE) para culminar el procedimiento de colaboración eficaz con el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía, que incluirá un pago de reparación civil.

La empresa firmó con la Fiscalía un acuerdo preliminar de colaboración eficaz en los últimos día del año pasado (27/12/19), mediante el cual, Graña y Montero acordó retirar su petición de arbitraje en el CIADI por el litigio que tiene con el Estado por el Gasoducto Sur Peruano, en donde es muy probable que reciba una indemnización.

Graña y Montero también ha publicado un informe de Juan Luis Hernández, Gonzalo del Río y Alfredo Filomeno del Estudio Hernández y Cía Abogados sobre aspirante a colaboración eficaz y el desistimiento del arbitraje en el CIADI sobre el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Este informe deberá ser revisado por los accionistas de la empresa antes de votar.

En dicho informe, se aconseja que la posible indemnización que pueda recibir la empresa en el futuro por el GSP, “puedan servir para pagar parte de la reparación civil”.

En otra parte, el informe señala que el ACE incorporaría los casos Club de la Construcción, GSP, Tren Eléctrico, Interoceánica Sur (IIRSA Sur) y cualquier otro en investigación.

No sería necesario que la compañía acredite información en todos los casos, bastará con una evaluación global de la información presentada, y que la compañía reconozca culpabilidad en cada uno de ellos”, indica el informe.

El informe indica que si Graña y Montero mantenía su petición de arbitraje ante el CIADI, la Fiscalía consideraría a la empresa en el Grupo 1 de la Ley 30737, que implica la retención de cualquier pago proveniente del Estado en contratos de concesiones y empresas estatales, afectándose la Línea 1 del metro, Survial, Canchaque, Terminales del Perú y sus lotes petroleros.