Actual crisis política es más grave que la de 1992

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Palomino Martínez afirma que se ha producido un golpe de Estado.

Afirma Edgardo Palomino Martínez, candidato al congreso por solidaridad nacional

El candidato al Congreso por Solidaridad Nacional, Edgardo José Palomino Martínez, señaló que existe una crisis política más grave que aquella que se atravesó en 1992, generada por el mismo Presidente de la República y el Poder Ejecutivo al enfrentar al Congreso, donde no tenían representación alguna.

“Decretar la disolución Congreso de la Republica de manera como se hizo, y previamente el Concejo Nacional de la Magistratura, acreditan que se ha producido un golpe de Estado y la violación del equilibrio de poderes que ordena la Constitución”, señaló.

Indicó que decidió participar en los comicios “porque considero que Solidaridad Nacional ha realizado la mejor gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima desde 1980 iniciando la modernización de la Ciudad a través de obras de obras de importancia; y, que a través de esa agrupación política soy capaz de servir a mi pueblo y poder contribuir al cambio social y político que necesita nuestro país, así como a erradicación de la corrupción a todo nivel”.

Anotó que el problema de la corrupción es un mal presente tanto en el sector público como en el privado.

“Hay corrupción al interior de todos los órganos del Estado, como lo hay al interior de las empresas privadas, así como de manera cruzada entre ellos”, dijo.

“El hecho que los cinco últimos Presidentes Constitucionales del País (incluido el ingeniero Martín Vizcarra) estén cuestionados por corrupción, como también lo están muchos (no todos) los parlamentarios del Congreso Disuelto, Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, la ex alcaldesa Susana Villarán y empresas y empresarios de prestigio revela la existencia de una crisis de ética, moral, principios y valores generalizada y que ésta debe ser erradicada de plano”, acotó.

Palomino Martínez interpuso las denuncias ante el Ministerio Público para que investigasen los contratos celebrados por CHISAC con entidades del Estado, así como contra Paola Ugaz por su participación en la campaña para la No Revocatoria de Susana Villarán.