Según informe de relator especial de la ONU
El gobierno chino ha sido acusado de detener a más de un millón de uigures y miembros de otras minorías musulmanas en la región de Xinjiang, así como de haber impuesto trabajos forzados y la esterilización, según señaló un relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un informe donde advierte que este caso podría constituirse como “esclavitud”.
Estados Unidos y diputados de otros países occidentales han acusado a China de cometer un “genocidio” contra esas minorías. Por su parte, Pekín rechaza las denuncias.
En el informe sobre esclavitud moderna, difundo por el relator especial de la ONU Tomaya Obakata el último martes, se menciona que en China se están registrando “dos sistemas ordenados por el Estado” que implicaron casos de trabajos forzados. El documento se apoyó de testimonios de oenegés, gabinetes de ideas y de víctimas.
El primero es un centro de formación profesional en el que las minorías están detenidas y obligadas a realizar prácticas, el otro busca reducir la pobreza a través del desplazamiento de mano de obra, obligando a obreros agrícolas a desempeñarse en labores del “sector secundario o terciario”.
«Aunque esos programas podrían crear empleos para las minorías e impulsar sus ingresos […] el relator especial considera que, en muchos casos, el trabajo efectuado por las comunidades afectadas era involuntario», sostiene el informe.
Según el reporte, en Tibet existiría un sistema de traslado de mano de obra parecido. . Allí, «un programa […] ha llevado a agricultores, pastores y otros trabajadores del sector rural, principalmente, a puestos de trabajo de baja cualificación y remuneración».
La naturaleza y el alcance del poder ejercido sobre los trabajadores -incluyendo una vigilancia excesiva y unas condiciones de vida y laborales abusivas- podrían «equivaler a esclavitud como un crimen de la humanidad, algo que requeriría análisis independientes», agrega el documento.
Los relatores especiales enviados son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no hablan en nombre de la organización.
Desde el otro lado, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbing, acusó a Obokata de manchar viciosamente el nombre de China y de actuar como una herramienta política para las fuerzas anti-China, así como de «optar por creerse las mentiras y la desinformación fabricada por Estados Unidos«.
El gobierno chino sostiene que los centros de formación profesional que dirige en Xinjiang son para combatir el extremismo.
Estados Unidos y organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron también a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien realizó un inusual viaje a China en mayo, por no haber mostrado suficiente firmeza frente a Pekín, así como esperan que publique un informe sobre ese asunto antes de que abandone el cargo, a finales de agosto.
