Asesora técnica de legislador de AP denuncia que le recortan el 50 % de su salario a pesar de estar mal de salud.
El legislador de Acción Popular (AP) Raúl Doroteo, sindicado como uno de los “niños” del expresidente golpista Pedro Castillo, afronta la acusación de recortar la mitad de su salario a una de sus empleadas parlamentarias, una mujer que afronta problemas de salud.
Congresista de AP debe aclarar el asunto y los mensajes de chat que lo incriminan, se reclama en el Congreso.
Incluso se espera que la Fiscalía investigue de oficio el caso contra Doroteo, quien en 2022 fue condenado a prisión suspendida en otro caso.
María Morales Gutiérrez, asesora técnica del despacho del congresista, denunció el caso luego de que solicitó “contribuir” con el 25 % de su salario, frente al 50 % que se le exige, disminución del “aporte” en razón a que ella está mal de salud.
Mensajes de WhatsApp muestran que ella solicitó al legislador contribuir con ese 25 % de su sueldo.
“Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25 % a partir de enero (…). Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, indicó en el chat la trabajadora a Doroteo.
Un informe difundido en el programa Beto a Saber, de Willax TV, indicó que, a raíz de los reclamos de la empleada, Doroteo bloqueó a Morales en la plataforma de mensajería.
Después, en otro mensaje, Doroteo pide a uno de sus trabajadores, identificado como Martin, que se “solucione el tema”.
“Martín, me solucionas eso, por si acaso Morales no me ha dado nada, no ha colaborado. A mí me llega al pepino, me solucionas eso”, escribió en un mensaje el parlamentario de la Lampa.
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Comisión de Ética
La legisladora María del Carmen Alva, que antes pertenecía a la bancada de Acción Popular, lamentó el accionar de su colega, el congresista Raúl Doroteo, quien habría exigido a trabajadora que le entregara la mitad de su sueldo.
Indicó que el caso de Doroteo debería verse por la Comisión de Ética Parlamentaria que podría proponer que el pleno del Congreso ordene la sanción de hasta 120 días de inhabilitación sin goce de haber al legislador.
