Agustín Lozano con los días contados

La Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque solicitó al Poder Judicial el embargo de los bienes del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, por el valor de tres millones de soles con el objetivo de garantizar la reparación civil en caso sea sentenciado por presunto enriquecimiento ilícito.

 

El coordinador del ente estatal, Jorge Carnero, requirió confiscar cinco inmuebles del directivo —cuatro de su propiedad y uno que comparte con sus hermanos— ante un caso que enfrenta por sus acciones cuando fue alcalde de la localidad de Choncoyape, entre 2011 y 2018.

De concretarse el pedido, Lozano no podrá disponer de estas propiedades (venderlas, transferirlas o destinarlas a otros procedimientos). En noviembre del año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región norteña pidió seis años y ocho meses de prisión en contra del ejecutivo, ya que, según la acusación, “abusó de su cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio” en más de 2,8 millones de soles “sin lograr justificar dicho desbalance”.

De acuerdo con el Ministerio Público ―que formalizó la pesquisa en 2022—, Lozano buscó encubrir los presuntos ilícitos “utilizando a sus familiares y círculo” de amigos. Entre los casos que se investigan, figuran presuntas irregularidades en un convenio que firmó la municipalidad de Chongoyape con el club Juan Aurich de Chiclayo, capital de Lambayeque.

Lozano está incurso en otra investigación, junto con el directorio de la FPF, por la presunta extorsión, coacción y organización criminal en agravio de clubes de la primera división nacional. La Fiscalía considera que una red corrupta “se habría enquistado en la FPF” y que, “en su accionar delictivo, no habría comunicado la real situación administrativa, económica, contable y financiera a los miembros que constituyen su asamblea de bases”.

Según la imputación, los dirigentes “habrían repartido a algunos clubes de fútbol profesionales, de primera y segunda división, y a los clubes departamentales de fútbol, diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas”.

Por este caso, la Fiscalía ha allanado en varias ocasiones la sede de la FPF en la Villa Deportiva Nacional (Videna), la última de ellas en octubre del 2023, cuando buscó información sobre el dinero asignado a los clubes de la Liga 1 y 2, a la Agremiación de Futbolistas y a la empresa Perú 1190 Sports, entre otros.

De igual modo, se han programado declaraciones de dirigentes de 14 clubes, entre ellos Alianza Lima, Alianza Atlético, Atlético Grau, Sport Huancayo, ADT, Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso. De acuerdo con una resolución a la que accedió Infobae Perú, las comparecencias se desarrollarán hasta marzo del 2024. Entre los testimonios requeridos están el de los presidentes de cinco ligas departamentales (Cusco, Junín, Tacna, Lambayeque y Piura), así como del presidente de la Asociación Peruana de Futbolistas (ASPEFUT), Adrián Zela.

Allanamientos

Por este caso, la Fiscalía ha allanado en varias ocasiones la sede de la FPF en la Villa Deportiva Nacional (Videna), la última de ellas en octubre del 2023, cuando buscó información sobre el dinero asignado a los clubes de la Liga 1 y 2, a la Agremiación de Futbolistas y a la empresa Perú 1190 Sports, entre otros.

 


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