No es la solución a la problemática existente por criminalidad
Tras una importante reunión entre los alcaldes de los 7 distritos de nuestro primer puerto, donde se tocaron temas en materia de seguridad ciudadana, concluyeron que la propuesta hecha por el Gobernador Regional del Callao de solicitar el estado de emergencia en nuestra provincia no es la solución a la problemática existente por este flagelo, más aún estando ad portas del inicio de la campaña navideña y de fin de año, pues esta declaratoria afectaría el normal desarrollo económico y familiar propio de las festividades.
Lee también:
Sin embargo, respetuosos de las decisiones de todas las autoridades, los miembros de la mancomunidad del Callao saludaron la iniciativa del Gobernador Regional de convocar a un Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) para tratar el tema con la seriedad e importancia que corresponde, buscando soluciones viables y concretas que beneficien a todos los chalacos.
De igual forma, en dicha conferencia de prensa se reafirmó el respaldo a la labor ejecutada por la Policía Nacional del Perú (PNP), con los cuales venimos trabajando de la mano a través de nuestro personal de serenazgo con la estrategia multisectorial «Serenazgo sin Fronteras».
Al finalizar dicho pronunciamiento, el presidente de la mancomunidad chalaca y además alcalde Provincial, Pedro Spadaro, pidió al nuevo Ministro del Interior y Comandante General de la Policía dotar de mayores efectivos, recursos y tecnología a todas las unidades policiales de nuestro primer puerto.
Acusan a 175 funcionarios de realizar actos irregulares
Al menos 175 funcionarios y servidores públicos de la región Junín, han sido sindicado por la Contraloría General de la República, de autores de actos irregulares, con presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativa, que han generado perjuicios a las diversas entidades regionales,
De acuerdo con los 28 informes realizados por la entidad de control, dichas personas tendrían un total 324 responsabilidades siendo penales 130 y civiles 27, las que deberán ser resueltas por el sistema de justicia en tanto en el caso de las administrativas, deberán ser resueltas por la propia entidad (Gobierno Regional) suman 149.
También se indicó que, a nivel de Procedimiento Administrativo Sancionador en la Contraloría, los casos son 18, cuya sanción máxima es la inhabilitación para trabajar en el Estado nuevamente.
