Alertan por la dirección de búsqueda de personas desaparecidas

Gisela Ortiz, integrante del Equipo Peruano de Antropología Forense y representante de las víctimas del caso La Cantuta, advierte sobre el riesgo de que esta oficina caiga en la inoperancia.

por | Oct 19, 2024 | Política

Gisela Ortiz, integrante del Equipo Peruano de Antropología Forense y representante de las víctimas del caso La Cantuta, advierte sobre el riesgo de que esta oficina caiga en la inoperancia.

Existe preocupación por el futuro de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), adscrita al Ministerio de Justicia (Minjus), cuyo principal objetivo es llevar a cabo la búsqueda humanitaria de quienes desaparecieron durante el periodo de violencia entre 1980 y 2000.

El actual director general es Javier Pacheco, exprocurador general del Estado, quien renunció a su cargo en mayo tras la decisión de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de reinstalar a María Caruajulca. Ella había sido nombrada y destituida durante el gobierno de Pedro Castillo.

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Mientras se desempeñaba como procurador, Pacheco dispuso la eliminación de dos unidades funcionales, incluida la encargada de manejar casos contra altos funcionarios, la cual había sido creada durante la gestión de su antecesor, Daniel Soria. Justificó esta decisión alegando la indebida contratación de personal.

Además, según informó El Comercio, el día en que Caruajulca retomó sus funciones en la Procuraduría, Pacheco habría ordenado formatear la computadora asignada a su despacho, que él utilizaba. Como resultado, la Fiscalía ha iniciado diligencias por un presunto delito informático.

Para Ortiz, el objetivo que se estaría persiguiendo es la desaparición gradual de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, mediante la reducción paulatina de su presupuesto y funciones, lo que eventualmente limitaría su capacidad de acción.

Explicó que la actual política pública sobre personas desaparecidas tiene un enfoque humanitario, basado en la obligación del Estado de encontrarlas y entregarlas a sus familiares para garantizarles un entierro digno.

Según Ortiz, este enfoque se encuentra en peligro en la actualidad. “Es cierto que el señor Pacheco no tiene ni idea de lo que implica la búsqueda de desaparecidos”, afirmó la activista por los derechos humanos.


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