Defensa de Cordero cuestiona prórroga y alista recurso de nulidad.
El Poder Judicial amplió por ocho meses más la investigación preparatoria contra la suspendida congresista María Cordero Jon Tay. Esta última es acusada de haber exigido a un trabajador de su despacho que le entregara el 50 % de su sueldo entre marzo y agosto de 2022.
La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Esta solicitud fue presentada el 11 de diciembre de 2024, fecha en la que vencía el plazo inicial de ocho meses otorgado para la investigación.
El Ministerio Público justificó la prórroga debido a diligencias pendientes. Aún falta el levantamiento del secreto bancario, la toma de declaraciones y la recopilación de información del Congreso.
La defensa de Cordero rechazó la extensión del plazo. Alegó que su patrocinada no obstruyó la investigación y propuso que la prórroga no supere los cuatro meses.
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Asimismo, los abogados de la suspendida congresista informaron que ella se acogió a su derecho de guardar silencio y aseguró haber reunido documentación con la que presentará un recurso de nulidad contra el proceso. Alegan que sus derechos al debido proceso y a la defensa fueron vulnerados en el ámbito parlamentario.
Cordero Jon Tay enfrenta esta investigación luego de que el 14 de marzo de 2024, el Congreso aprobara su suspensión y levantara su inmunidad parlamentaria, permitiendo que el Ministerio Público formalizara el caso en su contra. Sin embargo, la propuesta para inhabilitarla por diez años para ejercer cargos públicos no obtuvo los votos suficientes en el pleno.
Con esta ampliación del plazo, la Fiscalía busca reunir más pruebas para determinar la responsabilidad de la legisladora en el presunto delito de concusión en agravio del Estado.
