Ha pasado una semana luego de las marchas habidas en la capital de la República y en otras localidades el pasado 19 de julio, que se habían anunciado como “La toma de Lima”, dando la sensación que se trataba de un operativo en que los manifestantes bloquearían los acceso a la metrópoli, le harían una maniobra envolvente y recorrerían la principal ciudad peruana perturbando el orden público, atentando contra la vida e integridad de las personas, así como ejecutando actos violentos de vandalismo por decir lo menos, pese a que los auspiciadores de las protestas se llenaban la boca diciendo que ellas sería pacíficas.
Luego de los sucesos del 19 de julio, ellos fueron noticiados por los medios de expresión y comentados por infinidad de personas, en que se pudo observar exceso de triunfalismos, cualquiera fuese la óptica sobre los sucesos, falta de objetividad, pero todos juntándose en la posibilidad que las protestas pudiesen repetirse y más con los anuncios de que en las Fiestas Patrias ocurrirían otras marchas expresando el descontento ciudadano.
Lo cierto es que las marchas no pudieron paralizar al país, pero evidentemente hicieron daño, dado que muchos comercios, sobre todo pequeños, se vieron precisados a cerrar para evitar daños, máxime que como es conocido no tienen contratado seguro alguno que los pueda indemnizar por daños.
Los convocantes de las marchas tampoco tuvieron su o sus “muertitos” que pudieren haber originado muchísimas más protestas con escalamiento en cuanto su concurrencia y violencia. Lo que si hubo fueron enfrentamientos con la Policía y algunos daños, confrontación en que la Policía fue atacada hasta con bombas “Molotov” de triste recordación.
Las autoridades gubernamentales al igual que la Conferencia Episcopal Peruana llamaron al diálogo, pero no hubo con quien dialogar pues los promotores de las marchas, como ya es su costumbre, arrojaron la piedra y escondieron la mano. Con pronóstico de mala fe, un medio escrito en primera plana indujo a creer que la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal avalaba la protesta, pero en su interior la información de solamente 4 centímetros de ancho por 10 de alto anotaba cosa distinta.
Cada cual con sus comentarios jalaba agua para su molino, aunque la mayoría tuvo que coincidir que la planificación de contención policial y su intervención, pueden calificarse de excelentes, cumpliendo a cabalidad con su obligación constitucional de mantener el orden público o de restablecerlo de ser el caso.
La protesta anticipándose una semana a la conmemoración del aniversario patrio, así como el anuncio de que proseguiría en los días del recuerdo de las efemérides independentistas, han malogrado el comercio en las festividades mencionadas, pues muchos se abstienen de abrir sus negocios por temor, otros dejan de viajar, algunos otros cancelan sus reservas de pasajes y alojamientos y, todo ello se refleja en menor consumo, menor gasto y afectación a la economía.
Para terminar, nada de la supuesta protesta es inocente y menos justa como en cierta forma lo expresó un cardenal arzobispo, cuya desubicación intelectual es también motivación de que extrañemos al cardenal Cipriani.