La recompensa que ofrece Argentina por la captura asciende los 40.000 dólares.
La Justicia de Argentina ha sentenciado a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados a lo largo de la dictadura entre 1976 y 1983. Empero todavía queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y da recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a costear hasta 5 millones de pesos (unos 43.300 dólares) a quien dé alguna pista que facilite su captura, conforme el anuncio llevado a cabo por el Ministerio de Estabilidad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.
Con el paso de los años, la averiguación se vuelve cada vez más compleja y se necesita envejecer las pocas fotografías que se disponen de los prófugos. En algunos casos ni siquiera se conoce si el imputado está vivo o ha fallecido, como es la situación del exmarino Jorge Vildoza, imputado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en el colegio Preeminente de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el más grande centro clandestino de detención de la dictadura argentina.
Vildoza huyó de la nación por la frontera de Paraguay en 1986 al lado de su señora y a su menor apropiado en un coche de Sabiduría de la Armada. Pasó por Brasil y diversos territorios de Europa hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia asegura que Vildoza falleció en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que ha sido cremado, sin embargo, como el documento de defunción ha sido falsificada, para la justicia argentina sigue fugitivo.
En otras ocasiones, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos sin embargo se huyeron. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovechó el beneficio de la excarcelación que le fue concedido y se fugó una vez que estaba a punto de ser juzgado por el doble asesinato de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo.
Esta última estaba preñada una vez que miembros del Batallón entraron en la casa donde estaba la pareja y los acribillaron. El cuerpo humano de Souto Castillo recibió bastante más de 20 disparos y el núcleo familiar tardó 15 años en ofrecer con su paradero ya que ha sido enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.
