Guillén advierte que las leyes impulsadas por el Congreso y Dina Boluarte favorecen la impunidad de militares y policías, recordando las medidas aplicadas en los años 90.
El exfiscal Avelino Guillén, conocido por investigar al expresidente Alberto Fujimori, criticó duramente las medidas del Congreso y el Ejecutivo, liderado por Dina Boluarte, calificándolas como «demagógicas y populistas». Guillén aseguró que estas leyes buscan engañar al público haciéndoles creer que combaten la criminalidad, cuando en realidad benefician a los delincuentes. «Yo no imaginé que podía llegar a estos niveles», señaló.
En una entrevista con Ojo Público, Guillén comparó el actual gobierno con el régimen fujimorista de los años 90. Denunció que el Ejecutivo intenta brindar impunidad a militares y policías a través del proyecto de ley contra el terrorismo urbano. También destacó que esta medida amenaza el derecho a la protesta ciudadana y pretende limitar la capacidad de la fiscalía para investigar a altos funcionarios del Estado.
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Ley contra el crimen organizado
El exfiscal criticó la Ley 32108, la cual, según él, ha dejado fuera delitos clave como la extorsión, afectando a negocios y transportistas. Además, señaló que se ha desactivado el equipo policial que colaboraba con el Ministerio Público en investigaciones clave, como el caso «Los Waykis en la sombra», donde está involucrado Nicanor Boluarte.
«Este inicio de normas es una represalia contra el Ministerio Público por investigar a congresistas y altos funcionarios», explicó Guillén.
Propuestas de solución
Guillén instó a derogar la Ley 32108, una postura compartida por el Colegio de Abogados de Lima. Además, subrayó la necesidad de depurar la Policía Nacional debido a la gran cantidad de agentes vinculados a casos de corrupción. «La policía no está en condiciones de perseguir a la delincuencia si tiene tantos miembros cuestionados», afirmó.
Finalmente, Guillén alertó sobre los riesgos de aprobar la ley contra el terrorismo urbano. Añadió que la ley podría calificar de «terrorista» a cualquier persona que proteste. También criticó la intención del Ejecutivo de que militares y policías sean juzgados por fuero militar, recordando que delitos como homicidio, tortura o abuso de autoridad son delitos comunes, independientemente de si el perpetrador es civil o militar.
