Un periodista boliviano fue víctima de un ataque extremo tras cubrir un acto electoral en El Alto: fue interceptado por desconocidos, secuestrado y sufrió la amputación de la lengua

El incidente ocurrió en la madrugada del 12 de febrero de 2026, cuando el reportero —identificado en siglas como F. Jesús Z.S. por razones de seguridad— **finalizaba la cobertura de un mitin electoral en la plaza de la Cruz de Villa Adela y se dirigía a su domicilio en El Alto, ciudad vecina de La Paz. En ese momento fue interceptado por sujetos desconocidos que lo amenazaron, redujeron y forzaron a subir a un vehículo.

Según las denuncias de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), los atacantes los llevaron a un lote baldío en la zona de Kiswaras, lo agredieron físicamente y, en un acto de extrema violencia, le cortaron la lengua con un arma punzocortante mientras proferían amenazas relacionadas con su labor informativa. Las organizaciones subrayan que el ataque muestra signos de premeditación y está vinculado directamente a su trabajo como periodista.

Tras la agresión, el comunicador fue trasladado al Hospital Corea de El Alto, donde fue atendido y sometido a cirugía. Luego formalizó la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y fue sometido a evaluación en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para documentar las lesiones.

Este ataque ha despertado gran preocupación entre gremios periodísticos, organizaciones de derechos humanos y autoridades. Los representantes de la ANPB y la Cstpb han exigido una investigación exhaustiva, independiente e inmediata, así como garantías de protección para el periodista lesionado y otros miembros de la prensa, advirtiendo que la falta de sanciones frente a agresiones similares fomenta un clima de impunidad.

El Ministerio de Gobierno de Bolivia, por su parte, condenó el hecho como una grave agresión contra la libertad de expresión y aseguró que se ha instruido a las instancias competentes para identificar y sancionar a los responsables, enfatizando que el ataque no quedará impune.

Organizaciones periodísticas describen este episodio no solo como un ataque físico brutal, sino como una amenaza directa al ejercicio de la profesión y a los principios democráticos, especialmente en un contexto de proximidad a las elecciones regionales que se celebrarán en el país.