Admiten denuncia constitucional contra vicepresidenta de la república
Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe elaborado por el equipo técnico del citado grupo de trabajo, que concluyó que Vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, habría incurrido en la presunta infracción de artículos de la Constitución.
De esta manera se admitió como procedente la denuncia contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social por haber hecho gestiones en un club departamental cuando era funcionaria en el Estado.
Se trata de las denuncias constitucionales 268 y 269, la primera de ellas, por el legislador Javier Rommel Padilla, mientras que la segunda fue firmada por Norma Yarrow, Diana Gonzáles, Adriana Tudela y Patricia Chirinos.
Todas estas denuncias acumuladas en un solo proceso buscan sancionar a la vicepresidenta con una posible inhabilitación y remoción del cargo de ministra por supuestamente haber infringido la Constitución al haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac.
Esto, cuando ya ejercía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, función que le impide realizar cualquier otra gestión a favor de un tercero.
Tras la admisión, la subcomisión presidida por Rosío Torres (Acción Popular), nombrará a un congresista delegado para que elabore un informe final que determine las posibles sanciones.
El camino del informe
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. La Permanente, sobre la base del informe de calificación, podrá aprobar el plazo dentro del cual la Subcomisión realizará la investigación y, tras ello, presentará su informe final.
Luego, el informe final se somete a consideración de la Comisión Permanente y, de ser aprobado, se eleva al Pleno del Congreso para su votación final.
Por su parte, Alberto Otárola, abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, consideró que la acusación constitucional presentada contra su defendida constituye un intento de “finalización exprés” por parte de ciertos “grupos de derecha” presentes en la Subcomisión de Acusaciones.
Consideró que existió una motivación política en el informe de la Contraloría que advierte de la infracción que habría cometido Boluarte.
