Presidenta hace caso omiso a pedido de la CIDH y promulga ley que beneficiará a miembros de las FF.AA y PNP implicados en delitos

En una ceremonia oficial realizada hoy, la presidenta de la República, Dina Boluarte, promulgó la controvertida Ley de Amnistía (Proyecto de Ley Nº 7549/2023-CR), dirigida a exonerar de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000, siempre que no tengan sentencia firme o sean mayores de cierta edad sin condenas por terrorismo o corrupción.

Objetivo declarado del Gobierno

Boluarte justificó la medida como un acto de justicia y reconocimiento hacia quienes enfrentaron el terrorismo, afirmando que se les devuelve la dignidad que «nunca debió ser cuestionada». El ministro Durich Whittembur aseguró que el Consejo de Ministros respaldó plenamente la promulgación dentro del plazo legal que vencía el 15 de agosto. En paralelo, medios como Infobae corroboraron que el Ejecutivo manifestó su intención clara de votar a favor de la ley sin objeciones.

Reacciones y preocupaciones internacionales

Organismos de derechos humanos y familiares de víctimas han denunciado que esta medida implica un retroceso grave en justicia, debido a que podría detener más de 600 juicios en curso y dejar sin efecto al menos 156 sentencias firmes. La CIDH había ordenado suspender el trámite de la ley y convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto, donde participarán representantes del Estado, víctimas y defensores de derechos humanos.

Justificación gubernamental vs. soberanía nacional

El Ministerio de Justicia rechazó la orden del organismo internacional, indicando que excede sus competencias y vulnera la soberanía del Perú. En su discurso, Boluarte enfatizó con firmeza: “No somos colonia de nadie”, reafirmando que el país debe tomar sus propias decisiones y proteger a sus agentes de seguridad

Impacto y voces críticas

• Medios internacionales como El País describieron la ley como una institucionalización de la impunidad, comparando la situación con épocas de retroceso democrático y enfatizando el perjuicio para miles de víctimas que han luchado por verdad y reparación.

• Familiares de víctimas, respaldados por APRODEH y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), anunciaron que van a luchar caso por caso para que jueces no apliquen la ley y agotarán instancias locales antes de acudir a la CIDH.

• Contexto histórico: Esta norma va en contra de precedentes internacionales, como el caso Barrios Altos vs Perú, en el que la Corte IDH señaló que las leyes de amnistía que encubran crímenes de lesa humanidad son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos