La norma, respaldada por el Congreso, exime de prisión preventiva a policías que causen lesiones o muertes en funciones y establece beneficios humanitarios para agentes mayores de 80 años. Las críticas señalan riesgos de impunidad.
La presidenta Dina Boluarte oficializó una controvertida ley que modifica el Código Procesal Penal para proteger a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) involucrados en incidentes con armas reglamentarias. La medida, publicada en el diario El Peruano, prohíbe que fiscales soliciten detenciones preliminares o preventivas contra policías que, durante el cumplimiento de su labor, causen lesiones o muertes bajo el supuesto de uso reglamentario de sus armas.
El texto legislativo incluye disposiciones que garantizan que agentes mayores de 80 años cumplan sus condenas bajo vigilancia electrónica o arresto domiciliario, alegando razones humanitarias. La norma lleva la firma de Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
El Congreso aprobó esta iniciativa con 94 votos a favor en noviembre pasado, argumentando que busca reforzar la presunción de inocencia y mejorar las condiciones de los agentes en su lucha contra la delincuencia. Sin embargo, figuras políticas como Sigrid Bazán, de Cambio Democrático – Juntos Por el Perú, han expresado su rechazo, señalando que la ley podría beneficiar a agentes implicados en muertes ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales del primer año de gestión de Boluarte.
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“Estamos en un país en duelo por las más de 40 muertes durante las protestas, y ahora esta ley parece blindar a los responsables. Aunque se investigue, hacerlo en libertad o bajo fueros distintos al común suena a impunidad”, afirmó Bazán.
Por otro lado, Ruth Luque, también congresista, advirtió que las modificaciones podrían afectar la independencia del Ministerio Público y reducir la capacidad de exigir responsabilidades en casos de abuso de poder.
En contraste, legisladores como Víctor Flores, del fujimorismo, defendieron la norma. Según él, esta no busca eximir a los policías de posibles responsabilidades penales, sino evitar detenciones que dificulten su labor en situaciones legítimas. “Si el policía actúa con base en la Constitución y el reglamento, no debería temer detenciones preventivas injustas. Los casos de negligencia o culpabilidad, en cambio, serán juzgados como corresponde”, declaró.
El debate en torno a la nueva legislación refleja una creciente polarización sobre el manejo de la seguridad pública y la rendición de cuentas en el contexto político actual.
