Brookfield adquirió el 57% de las acciones de Rutas de Lima en junio de 2016, cuando compró la participación de Odebrecht. En ese momento, la constructora brasileña ya enfrentaba investigaciones por corrupción tanto en Perú como en Brasil. La concesión, firmada en enero de 2013 durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, abarca 115 kilómetros de vías en los principales accesos y salidas de la capital: Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé.
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El caso Odebrecht se destapó en 2013, cuando la justicia brasileña descubrió una red de corrupción que operaba en varios países de la región. En Perú, el Congreso formó una comisión investigadora en 2015, la cual presentó su informe en junio de 2016, coincidiendo con la compra de Brookfield.
El informe, elaborado por el congresista Juan Pari, describió la existencia de un “cártel delictivo” integrado por diversas constructoras brasileñas, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y OAS, que trasladaron sus prácticas ilegales al Perú. Según el documento, estas empresas perjudicaron el erario público y aprovecharon ventajas tributarias en el país.
Tras la compra, las acciones de Rutas de Lima quedaron distribuidas entre Brookfield y sus socios (57%), Odebrecht Latinvest (25%) y Sigma (18%). A pesar de las investigaciones en curso, la operación se concretó sin restricciones.
El proceso de arbitraje de Brookfield podría afectar la percepción del Perú como destino de inversión. La demanda se basa en presuntas vulneraciones a los términos de la concesión, argumentando que las autoridades han tomado medidas que afectan la rentabilidad del proyecto.
