Un trágico desenlace tuvo el secuestro de los 13 mineros en la provincia de Pataz, en La Libertad. La mañana de ayer domingo, todos fueron hallados sin vida. Ello ocurrió a menos de una semana de que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, calificara de “inexistente” el secuestro.

Los 13 trabajadores habían sido secuestrados el sábado 26 de abril, presuntamente por Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo” y su gente. Sus captores pedían cuatro millones de soles para liberarlos.

Sin embargo, no hubo negociación, tampoco se comunicaron posteriormente con los familiares de las víctimas. El domingo la Policía ingresó a uno de los socavones de la zona y se encontró con la macabra escena: Todos habían sido ejecutados. Los familiares detallaron que los trabajadores estaban maniatados de pies y manos.

De acuerdo a fuentes policiales, las víctimas, trabajadores de la empresa R&R, habrían sido torturadas y ejecutadas por sus captores, quienes difundieron un video en redes sociales mostrando los asesinatos. En las imágenes, se observa cómo los mineros fueron ejecutados con disparos a quemarropa. Este hallazgo se produjo casi una semana después de los primeros reportes de su desaparición.

El descubrimiento de los cuerpos no fue comunicado inicialmente por las autoridades. Fueron los propios familiares de las víctimas quienes, tras viajar a Pataz, confirmaron el hallazgo a sus allegados en Trujillo, ciudad de origen de muchos de los trabajadores. En días previos, medios regionales habían identificado a ocho de los mineros desaparecidos, cuyos nombres fueron difundidos en los reportes iniciales. Entre ellos se encontraba un hombre cuya familia confirmó su fallecimiento y el traslado de su cuerpo, junto con los de sus compañeros, a la morgue de Trujillo para su identificación oficial.

El último viernes, 2 de mayo, la minera Poderosa se pronunció sobre el secuestro que 13 trabajadores de la empresa R&R sufrieron a manos de Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo” en Pataz (La Libertad).

A través de un comunicado, Poderosa sostuvo que los mineros ilegales, coludidos con criminales, atacaron la operación de R&R, empresa con la que tienen un contrato de explotación, para secuestrar a los trabajadores.

“Minera Poderosa expresa su profunda preocupación y solidaridad con las familias de las víctimas, lamentando que el clima de violencia continúe escalando en la región, afectando a quienes desarrollan sus actividades laborables en la zona”, expresó la empresa.

En esa línea, Poderosa criticó que el secuestro de los 13 empleados de R&R se haya producido a pesar de la presencia militar y policial en la zona dispuesta en la declaratoria del estado de emergencia ordenada por el gobierno.

Además, la empresa indicó que desde el 2020 la minería ilegal tomó varias de sus operaciones, obligándolos a abandonarlas y poniendo en riesgo la integridad de sus trabajadores y la de los mineros artesanales en vías de formalización con los que trabajan.

Al respecto, el Ministerio del Interior anunció el despliegue de equipos especializados a fin de investigar y capturar a los responsables de la masacre en la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad.

La cartera liderada por Julio Díaz Zulueta dispuso el envío de unidades de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, junto con divisiones especializadas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), enfocadas en secuestros, extorsiones y homicidios, las cuales trabajarán en coordinación con las Fuerzas Armadas.

A través de un comunicado, la entidad expresó su pesar por las pérdidas humanas y reafirmó su compromiso de combatir el crimen organizado en la región. Subrayó que los agentes involucrados en el operativo cuentan con autorización para emplear sus armas de fuego en caso de ser necesario, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. “¡Estas muertes no quedarán impunes!”, enfatizó sin hacer mayor referencia, rectificación o mea culpa ante lo anunciado en Consejo de Ministros por el premier.